La unidad encargada de autorizar comercios y que clausuró el galpón de móviles de C5N entrega certificados para que casas de cambio operen en el mercado marginal desde 1992. La actividad se intensificó durante la gestión de Martín Farrell, el mismo director de Habilitaciones procesado por aceptar coimas del boliche Beara, donde murieron dos personas.
Las autorizaciones no cesaron de emitirse a favor de las cuevas desde octubre de 1992 de parte de la Dirección de Habilitaciones, dependiente desde hace siete años de la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Justicia porteño. Con múltiples allanamientos, el Banco Central recolectó 17 de los avales que se expidieron hasta 2012 dentro de agencias de cambio informales. De los últimos años no constan registros de nuevas autorizaciones aún.
Este material de prueba fue presentado por el BCRA ante la Procelac para que la Justicia individualice las responsabilidades de los funcionarios públicos que violaron la ley penal cambiaria, ya que los locales no figuraban inscriptas en el Central. Esta última es una condición indispensable para que un cambista pueda transar en el segmento oficial y debe ser constatada por los inspectores porteños antes de cualquier permiso.
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Martín Farrell fue designado a cargo de la Dirección de Habilitaciones desde el 12 de febrero de 2008 hasta el 23 de diciembre de 2010, tiempo más que suficiente para que autorice a cinco cuevas, dos de ellas como "casas de cambio" y el resto dentro de otros rubros. Además, avaló el funcionamiento del boliche Beara, que se derrumbó y mató a dos mujeres.
Por la llamada "tragedia de Palermo", Farrell se encuentra procesado por el cobro de coimas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Con la confirmación de su culpabilidad cayó su sueño de llegar a ser juez porteño, impulsado por Mauricio Macri. Las agencias cambiarias también lo sentarán en el banquillo de acusados, ya que supervisó al menos un puñado de habilitaciones.
Pero la autorización de cuevas no finalizó con la oscura etapa de Farrell. En el mandato de quien lo sucedió, Manuel Sandberg Haedo, los certificados a locales informales continuaron y dejan en duda el correcto control de los jefes de Habilitaciones. Incluso se desconoce si desde la Agencia Gubernamental de Control dejaron de emitirlos en algún momento.
Es por eso que el Banco Central le pidió en abril al Gobierno porteño que le remita el listado completo de las habilitaciones que entregó a cuevas, le ordenó que deje de hacerlo y le consultó qué curso de acción tomará con los comercios que autorizó. El organismo le brindó el listado de 17 locales, pero no respondió a los otros pedidos.
En la causa que se tramita ya en la Justicia, el Ministerio Público nacional acusa a los inspectores de la Ciudad por haberse otorgado funciones que no les corresponde. Además, argumentó que la Agencia Gubernamental de Control conocía que obraba ilegalmente, pero "tuvo la voluntad de dictar y ejecutar resoluciones opuestas a la ley".
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