Las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, a una radio de Cali, anunciando que su gobierno impulsará un nuevo organismo regional para reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) sacudieron el panorama continental.
Si bien es cierto que en América Latina y el Caribe hay múltiples organismos y algunos parecen superponerse en sus funciones, la necesidad de organismos regionales responde a dos necesidades; por un lado, la económica, por el otro, la política.
Uno de los problemas históricos de una región tan rica y vasta es que el comercio intrarregional es mucho menor que el comercio con las grandes economías mundiales. No se puede ignorar que un país exporta a quien tiene la capacidad de comprar sus productos, pero la historia del desarrollo latinoamericano ha sido una consecuencia de la dependencia de Europa primero, de Estados Unidos después y de la República Popular China en la actualidad. Algunos organismos regionales —como el Mercado Común del Sur, MERCOSUR— han contribuido a facilitar el comercio intrarregional, aunque, por lo general, en beneficio de algunas grandes empresas cuyo objetivo fue —y es— incrementar sus ganancias sin ayudar a construir mecanismos de integración fuera de lo económico.
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La UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que nacieron en este siglo, tuvieron desde su concepción una innegable impronta política y uno de ellos fue la incorporación de Cuba a la CELAC sin la presencia de Estados Unidos y Canadá y para dejar en un segundísimo plano a la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde EE.UU. juega un rol predominante. La correlación de fuerzas a favor de la corriente llamada “progresista” impidió que los gobernantes conservadores y de derecha se opusieran, a pesar de que varios de ellos consideraban —y consideran— que en Cuba hay dictadura.
El cambio de correlación de fuerzas a favor de la corriente conservadora y la reciente aparición de Jair Bolsonaro contribuyen a que los presidentes de derecha radicalicen su discurso contra Venezuela en sintonía con las posturas radicales de la Casa Blanca. Si se analizan en detalle los argumentos críticos del gobierno de Nicolás Maduro para desconocerlo, varios de ellos se podrían aplicar a otros países latinoamericanos como los éxodos masivos, los altos niveles de pobreza, o los cuestionamientos por la falta de transparencia en procesos electorales. Vale la pena destacar que ningún gobierno planteó excluir al México de Enrique Peña Nieto de organismos regionales a pesar del asesinato de políticos, periodistas o sacerdotes, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el descubrimiento de fosas comunes en numerosas oportunidades.
La iniciativa de disolver la UNASUR y crear un nuevo organismo regional sin Venezuela parece responder más a una cuestión ideológica que a una mirada objetiva de las violaciones a los derechos humanos en el continente. Más aún si esta proviene de un país como Colombia, cuya Fiscalía publicó un informe que desde 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 231 defensores de derechos humanos.
El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, alertó por su cuenta de Twitter que la decisión de Iván Duque “está creando las condiciones para una confrontación armada” entre Colombia y Venezuela. Si esto sucede, poco importarán los nombres de los organismos que intervengan, porque podría ser demasiado tarde.
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