Por Roberto Navarro
Director El Destape
La denuncia del fiscal Alberto Nisman que ayer fue hecha pública no compromete legalmente a la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ni a ningún otro miembro del Poder ejecutivo.
Prácticamente no suma nada a sus declaraciones públicas de la semana pasada. Incluso, los supuestos agentes de la ex SIDE que Nisman decía formaban parte de la trama, Ramón Héctor Bogado y Héctor Yrimia, no formaban parte del servicio de inteligencia, según afirmó su titular Oscar Parrili.
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La denuncia se basa en supuestas escuchas telefónicas de conversaciones de Luis Delía, Fernando Esteche, Alejandro Khalil y Ramón Bogado en las que mencionan cosas como "esto está cerrado muy arriba". Lo que Nisman señalaba, sin base alguna, se refería a la presidenta Cristina Kirchner.
La base del encubrimiento, dice la denuncia, es un pacto en el que Argentina levanta las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA e Irán le vende petróleo a Argentina, que, afirma el escrito, Argentina necesita. Esto no cierra porque Argentina no importa petróleo; por el contrario, lo exporta. Las necesidades energéticas del país pasan por el gas, el gasoil y el fueloil, productos con que no cuenta Irán.
En la publicación del texto completo de la denuncia de Nisman, de 300 carillas, queda claro que no existen las fabulosas escuchas que adelantó en sus entrevistas periodísticas. Son unas pocas, todas a Khalil, y con intervenciones de protagonistas de reconocida simpatía con el régimen iraní, como Luis D'Elía o Fernando Esteche. Un ex juez que participó de una pista de "fachos locales" que nunca se presentó. Un espía, "Allan", que la SI había denunciado porque no es del organismo y trató de hacerse pasar por espía en dos oportunidades anteriores.
La denuncia no cumplió con las expectativas de que incluiría escuchas sorpresa o pruebas inesperadas. Después de que Ronald Noble lo desmintiera, que el juez Rodolfo Canicoba Corral dijera que "la denuncia del fiscal tiene nula o escasa validez probatoria", todos los que conocían la presentación completa sabían que Nisman tenía muy poco para defender su denuncia. Y así se entiende por qué quería que la audiencia con la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada de Unión PRO Patricia Bullirch, fuera privada y no pública.
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