La debacle mundial del precio del petróleo es un escalón más de una crisis cuyo fondo todavía no llega a verse. El shock impactará a la Argentina en dos tiempos: ahora, como una bomba de profundidad en una industria que resulta clave en el entramado productivo de varias provincias; y en el futuro, clausurando el factor shale de la ecuación económica del país, al menos como motor para salir de la depresión causada por la pandemia. Ese es el diagnóstico que hacían esta tarde en el gobierno, siguiendo minuto a minuto la montaña rusa de la cotización del barril americano (WTI), que se desplomaba a valores negativos por primera vez en la historia. La noticia cayó como un balde de agua helada.
“Olvidate de Vaca Muerta. Olvidate de las regalías. Olvidate de las inversiones”, se lamentan en YPF. La petrolera nacional no corre una suerte diferente al de cualquier empresa del rubro alrededor del planeta. La caída global de la demanda de combustible, a causa de las restricciones al tránsito y la actividad, derrumbó el precio del barril: se calcula que el 60 por ciento de la demanda mundial está vinculada al funcionamiento de medios de transporte. En la Argentina, desde que comenzaron las restricciones, la venta en surtidor se desplomó un 80 por ciento. Desde la empresa aseguran que los puestos de trabajo directos están garantizados, aunque hay preocupación por lo que pueda suceder con los proveedores.
Ayer, el Sindicato del Petróleo se anticipó a los problemas, pactando un recorte de salarios del 70 por ciento a cambio de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. “No quiero planes preventivos de crisis. En promedio bajan de 105 mil a 35 mil pesos por mes. Nosotros le aseguramos las prestaciones médicas, ya que estas sumas son no remunerativas”, informó su secretario general, Guillermo Pereyra, en El Destape Radio. El acuerdo apunta a preservar el empleo de 20 mil trabajadores de unas 400 PyMEs que trabajan brindando servicios a las grandes empresas del sector, según explicó Pereyra. El acuerdo fue avalado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
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En el largo plazo, el país deberá revisar su estrategia energética, estiman en el gobierno, aunque advierten que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. Lo que parece seguro arriesgar es que iniciativas oficiales que estaban en gateras antes del comienzo de la cuarentena, como una nueva ley de Hidrocarburos que facilitara la llegada de capitales a Vaca Muerta, no tendrán un lugar entre las prioridades cuando termine. Más urgencia tienen las diecisiete provincias cuyos ingresos dependen, en mayor o menor medida, de las regalías del sector. Desde Nación piden tiempo para conocer mejor la situación pero aseguran que se atenderán todas las situaciones, caso por caso.
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