La Corte Suprema termina el año envuelta en tensiones internas y externas

A la luz de una serie de fallos y decisiones que se conocieron esta semana quedó claro que las tensiones, internas y externas, que atraviesan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se disiparán en lo que queda del 2018. Por el contrario, se agudizarán, si se tiene en cuenta los resultados que asoman en una secuencia de sentencias “relevantes” que se conocerán entre el 4 de diciembre y el 18 de diciembre.

En lo que hace al flanco externo, el vínculo entre la máxima instancia judicial del país y el Gobierno volvió a resentirse esta semana. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó la modificación de las partidas presupuestarias para otorgar un aumento del 20% a los empleados judiciales, tal como había solicitado el Tribunal Superior (a pagar en dos cuotas de 10%, una el 1° de octubre y otra el 1° de diciembre). Esa suma debía abonarse con dinero del Tesoro Nacional. Esto motivó una nueva carta de los supremos, enviada el jueves al Ejecutivo, en la que insistieron con la necesidad de la mentada recomposición salarial que afecta a jueces, fiscales y empleados del PJN.

En su carta dirigida a los ministros cortesanos, Peña había endurecido su posición: “Teniendo en cuenta los esfuerzos que realizan el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y otros poderes del estado, la modificación de las partidas presupuestarias, tal como fuera solicitada, afecta fuertemente los recursos del Tesoro”, escribió. Con ese argumento, desechó el aumento que la Corte había pautado y lo dejó atado a un acuerdo entre el secretario administrativo de la Corte, Héctor Daniel Marchi, y el Ministerio de Hacienda. Se descuenta que habrá tironeos por el dinero con el que cuenta la Corte (el Fondo Anticíclico). Desde la Casa Rosada pretenden que el pago se haga con esa plata.

Por eso, en la respuesta a Peña que realizaron los cortesanos esta semana resaltaron que solicitan “el compromiso expreso del necesario aporte de los recursos financieros del Tesoro Nacional para afrontar ambos incrementos salariales para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial”.

La decisión del Gobierno puso en pie de guerra al gremio de los judiciales, liderado por Julio Piumato, que decretó un paro de 24 horas el jueves, con la posibilidad de extenderlo en el tiempo. En diálogo con El Destape, Piumato afirmó que si no tienen una respuesta positiva “la próxima semana hay paro de 60 horas desde las 10 de la mañana del miércoles 5 con movilización al Palacio de Tribunales y sin concurrencia a los puestos de trabajo el jueves 6 y viernes 7”.

“Consideramos que la postura del Gobierno es un atropello a la independencia del Poder Judicial y pone en riesgo el funcionamiento de la Justicia en lo que queda del año", advirtió. Tras mencionar que mantiene reuniones con la Corte, que insiste con el tema ante el Ejecutivo, señaló a este medio: "Esperamos novedades entre lunes y martes y sino estamos decididos en llevar la medida adelante”.

El compás de espera se debe a una reunión que se celebrará entre el Gobierno y la Corte el lunes a las 10 de la mañana en pos de acercar posiciones. Con el 20% que ahora quedó en duda, el sector judicial completaba un 40% de aumento anual.

Internas

Puertas adentro tampoco reina la paz entre los cortesanos. Para impulsar este aumento fue clave el rol que jugó hacia dentro del cuerpo la “nueva mayoría” integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Y se espera que esta mayoría, que algunos consideran “circunstancial” y otros ya la definen como “peronista”, vuelva a desempeñar un rol protagónico en los próximos fallos clave que se esperan de aquí al 18 de diciembre, sobre todo, en el nuevo 2x1 que rectificará el fallo Muiña con el que se benefició a represores de la última dictadura; y en el “caso Blanco” en el que se discute la actualización de los haberes jubilatorios, un tema sumamente sensible para el Gobierno.

El nuevo 2x1 se conocerá este martes 4 de diciembre cuando se aborde el caso de Rufino Batalla, guardia del centro clandestino de detención La Cacha, vinculado al asesinato de Laura Carlotto, la hija de Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Según pudo reconstruir este medio, ya están los votos con el que se modificará el fallo Muiña. Lorenzetti y Maqueda mantendrán su postura de entonces mientras que Rosatti terminará de desarrollar su voto este fin de semana, en el que argumentará en qué basa su cambio de posición (fue clave, a su criterio, la ley que sancionó el Congreso sobre el tema).

Según trascendió en el Palacio de Tribunales, el flamante presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, volvería a quedar en minoría en materia de lesa humanidad, si no cambia su postura. Y todo parece indicar que no la cambiará.

Algo similar podría replicarse en el caso Blanco, que se tratará el 18 de diciembre si se cumple el cronograma de fallos relevantes que difundió la Corte. Allí, la “minoría automática” que conforman Highton de Nolasco y Rosenkrantz, que suele coincidir en sus votos con los intereses de la Casa Rosada, chocaría una vez más con la “nueva mayoría”.

Entre medio de ambos fallos, el 11 de diciembre, se abordará la constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz, que enfrenta a radicales y “lilitos” con kirchneristas. Lo que se resuelva repercutirá en las elecciones de 2019.

No faltan quienes vinculan con este caso la carta que presentó Elisa Carrió para correr a Marchi del cargo administrativo -y que se conoció el lunes 26 de noviembre-. Con esa epístola -que habría sido entregada “en mano” a Rosenkrantz, según aseguraron desde el Palacio de Talcahuano- , la líder de la Coalición Cívica se metió de lleno, una vez más, en la interna suprema. Marchi es un hombre vinculado a Lorenzetti a quien Rosenkrantz no pudo remover del cargo desde que asumió, a pesar de sus intenciones. Toda una síntesis del estado de ebullición en el que la Corte cerrará el 2018.