La Corte Suprema rechazó un recurso con el que Mauricio Macri buscaba demorar una resolución clave en la causa por la deuda de su familia por Correo Argentino. Esto pone en jaque la estrategia presidencial de dilatar la respuesta a una propuesta de pago que hicieron los Macri, una contestación cuyo plazo venció hace 20 días.
En concreto, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario que llegó a esta instancia por impulso del procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, que pasó de abogado de los Macri a abogado de los Macri con patente de funcionario. Saravia Frías es la cabeza de los abogados del Estado y depende directo del Presidente. Sus acciones son las de Macri y muestran, una vez más, lo que queda claro desde el inicio de este escándalo: que Macri hizo (y hace) todo lo posible por que el Estado no le cobre la multimillonaria deuda a su familia.
Saravia Frias había pedido 120 días hábiles para evaluar la ante última propuesta de pago que hizo la familia Macri. Esa propuesta, hecha en julio de 2018, era casi calcada a la que hicieron en junio de 2016, dos años antes, que implicaba una quita de más de 70.000 millones de pesos. En 2018, lo único que ofrecieron como mejora fue el pago de un “reconocimiento adicional” a condición de que le ganaran juicios al Estado. Luego, en julio de 2019 y tal como informó El Destape, hicieron una propuesta aún peor: pagar su deuda de 296 millones de pesos con 18 años de retraso y que los intereses se paguen con plata que el Estado supuestamente les debe a ellos.
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Las juezas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini, de la Sala B de la Cámara Comercial, le negaron el pedido a Saravia Frías, algo extraño dada la histórica complicidad de estas juezas en el letargo de esta causa, hecho por el cual aún no fueron imputadas en la causa penal que se inició cuando se conoció este escándalo. Ante esto, Saravia Frías presentó un recurso extraordinario y ahí sí las camaristas Gomez Alonso y Ballerini le dieron vía libre. La excusa: que esto generaba “gravedad institucional”. La Corte rechazó ahora este recurso extraordinario por unanimidad, con las firmas de su presidente Carlos Rosenkrantz y los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En su rechazo a este recurso, la Corte afirma que esa “gravedad institucional” no existía, que fue una “invocación genérica” y que la aceptación de las camaristas Gomez Alonso y Ballerini del recurso extraordinario “importa desconocer el riguroso principio establecido por esta Corte de acuerdo con el cual la presencia de aquella situación no constituye una causal autónoma de procedencia del recurso”. Los cortesanos afirmaron que no está “justificada la configuración de la gravedad institucional invocada” y, por ende, “corresponde declarar mal concedido” el recurso que, a todas luces, fue para ganar tiempo de parte del Macri-Gobierno en beneficio de la Macri-Familia.
Es la tercera vez que la Corte interviene en el caso Correo en el mismo sentido, es decir, rechazando los pedidos de la familia Macri que eran avalados por la Sala B de la Cámara Comercial por las juezas Gomez Alonso y Ballerini. La primera, como informó El Destape, fue en 2009, cuando rechazó la estrategia de los Macri de compensar su deuda con el Estado con las supuestas deudas que el Estado tiene con ellos. Por entonces, la Corte recogió los fundamentos y conclusiones del entonces Procurador General de la Nación Esteban Righi, que dictaminó el 4 de junio de 2008 que debía rechazarse la decisión de la Sala B que, en los hechos, acompañaba la estrategia dilatoria de los Macri. La estrategia de, como sintetizó Righi, "no cumplo si no cumples", no tenía como objetivo discutir la deuda de los Macri con el Estado sino, en palabras del ex procurador, “posponer su cancelación”. Pese a esto, los Macri aún insisten con esta estrategia y van por la unificación de los juicios contra el Estado en un juez amigo, tal como informó este medio.
En diciembre de 2018, la Corte rechazó también por unanimidad el pedido de los Macri de desplazar a la fiscala Boquin y la ratificó al frente de la investigación.
La decisión de la Corte pone en jaque la estrategia de Macri en torno al escándalo Correo, que gira en torno a 3 ejes: en la causa comercial, donde está en juego la deuda de su familia con el Estado, querían demorarla lo más posible y lograr el desplazamiento de la fiscala Gabriela Boquin a partir de una denuncia falsa; en la causa penal, donde está imputado junto con su ministro Oscar Aguad, directivo de Correo y la juez Marta Cirulli, que se cortara por otros funcionarios a partir de las tensiones con el juez Ariel Lijo; y, en la causa contencioso administrativa, que es donde los Macri reclaman más de 4.500 millones de pesos al Estado, que queden unificadas en el juez Enrique Lavie Pico, un magistrado amigo.
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