Un represor condenado como partícipe secundario en el homicidio de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, resultó ser el caso elegido con el cual la Corte Suprema de Justicia se propone cerrar la puerta al 2x1 para los genocidas de la última dictadura. El máximo tribunal anunció que examinará el planteo de Rufino Batalla, represor condenado por secuestros y torturas en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, y que emitirá un fallo en su acuerdo del 4 de diciembre.
En 2014, Batalla fue sentenciado a trece años por su actuación en el centro clandestino lindante con el Penal de Olmos. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, entonces presidido por Carlos Rozanski, lo condenó “por su complicidad en el genocidio”, acusándolo de haber sido partícipe secundario en 55 privaciones ilegales de la libertad, 71 casos de tormentos que se prolongaron más de un mes y por haber participado en el secuestro que terminó en muerte de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado. En agosto de 1978, Laura Carlotto fue asesinada y su cuerpo entregado a su familia. En junio, había dado a luz a su hijo, Ignacio, que su madre buscó incansablemente hasta que en 2014 recuperó su identidad.
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Batalla tiene 71 años y es oriundo de Formosa. En diciembre de 1976 ingresó al Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, en La Plata. Ofició como personal civil de inteligencia y como guarda en La Cacha. Durante su indagatoria en el proceso, insistió en que se trataba de una persona sin formación, lo que se contradice con su filiación como agente secreto, remarcaron los jueces en su condena.
El represor está detenido desde julio de 2010, después de unos meses prófugos. Pese a haber sido dictada hace cuatro años, la sentencia por La Cacha aún no está firme. De hecho, debe ser revisada por la Cámara Federal de Casación. Abuelas recurrió el fallo y pidió que se lo condenara a prisión perpetua por considerarlo coautor de los crímenes y no como partícipe secundario, pero el máximo tribunal penal del país todavía no se expidió.
Batalla había pedido al TOF 1 de La Plata que le aplicara el 2x1 después del fallo con el que la Corte Suprema benefició el año pasado a Luis Muiña, represor del Hospital Alejandro Posadas. Sin embargo, el 15 de mayo de 2017, el tribunal rechazó su planteo y el caso terminó llegando a la Corte. Este año, el represor también había reclamado que se le concediera la libertad condicional, pero no tuvo suerte tampoco.
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Hasta el viernes pasado, no iba a ser el planteo de Batalla el que iba a usar la Corte para revertir la doctrina a favor de la aplicación del 2x1 que habían sentado Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti con su fallo del 3 de mayo del año pasado. Después de un pedido de elegir un nuevo caso por parte del actual presidente del máximo tribunal, en el cuarto piso de la Corte empezaron a trabajar con el del represor chaqueño José Bettoli, que terminó siendo desechado porque, entre otras cosas, a los supremos les iba a llevar tiempo reunir la causa y había premura entre Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en sacar un nuevo pronunciamiento.
El caso de Batalla reunía varios elementos interesantes a los ojos de los supremos: había dictamen de la Procuración, tenía una condena superior a los diez años y también en la causa había opinado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en contra de la aplicación de la ley 24.390 (popularmente conocida como la ley del 2x1). También remarcaron que influyó en su selección el hecho de que, si efectivamente se aplicara el criterio sentado en el caso Muiña, Batalla estaría en condiciones de estar en libertad.
El año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo opinó que no debía aplicarse el 2x1 para delitos de lesa humanidad, después de una consulta que el máximo tribunal giró a quienes eran parte en casos en los cuales había solicitudes de este tipo. Uno de esos casos era el de Batalla. “Lo único que, en principio, diferenciaría el caso de Batalla con el de Muiña es que éste no tiene sentencia firme”, explicó Alan Iud, coordinador del equipo legal del organismo, en comunicación con El Destape.
Rosatti, Lorenzetti y Maqueda dejaron trascender que votarían en contra de la aplicación del 2x1 para delitos de lesa humanidad. Rosatti está dispuesto a cambiar su voto porque se aprobó la ley 27.362 – días después del fallo Muiña – que impide la aplicación de este beneficio para delitos de lesa humanidad. En la Corte, no se animan a predecir qué hará Highton, aunque en el último acuerdo votó en materia de lesa humanidad junto a sus otros tres colegas. A Rosenkrantz le apuntan por haber retardado el nuevo fallo.
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