La Corte Suprema de Estados Unidos define el futuro de la demanda contra YPF

04 de enero, 2019 | 16.31

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos definirá el juicio que inició un fondo buitre a YPF, lo cual podría llegar a costarle al país más de U$S 2.500 millones. Dentro de los especuladores involucrados serían actores del escenario político nacional.

Los siete jueces que conforman el tribunal, definirán una de tres opciones sobre la causa que el fondo Burford le inició a Argentina por la manera en que se reestatizó la petrolera YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner y que, según los demandantes, perjudicó a los accionistas que no eran la española Repsol.

¿Cuáles son estas tres posibilidades?: rechazar el pedido realizado por los abogados que representan a la petrolera argentina de dejar sin efecto la causa; aceptar y dejar en firme las sentencias de primera y segundo instancia en contra del país; o, como tercera opción, que se solicite la opinión al “solicitor” o consultor general para las cuestiones judiciales clave.

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La decisión que tome el tribunal será comunicada recién el lunes, lo cual acrecentará las expectativas en el marco de una crisis de financiamiento externo genuino por aprte del Gobierno.

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En este caso, ese “solicitor” sería el gobierno de los Estados Unidos; el que fallaría a favor del país por la cercanía que Donald Trump mantiene con el presidente, Mauricio Macri. Sin embargo, esto no implica que la Corte acepte lo que recomiende el “solicitor”

La demanda fue iniciada por un especialista mundial: el fondo buitre Burford Capital, dedicado a comprar juicios alrededor del mundo a particulares y compañías en crisis. Lo que ofrece Burford es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas.

La hipotética ganancia iría en parte (unos U$S 800 millones) a las arcas de Burford, aunque hay dudas sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones presentan vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.