"Hace 3 horas que los 13 jueces de Casación estamos rompiéndonos la cabeza para entender la acordada", afirma uno de los camaristas de la máxima instancia penal del país a El Destape. De esa forma, sintetizó su parecer sobre el documento que firmaron los cinco ministros cortesanos para afrontar el coronavirus en tribunales. Estaban discutiendo la resolución en un "acuerdo virtual de chat".
Acostumbrada a no tener tiempos, la Corte Suprema de Justicia llegó última a los anuncios de medidas dentro del Poder Judicial para enfrentar al COVID-19. Por unanimidad, los supremos descartaron implantar una feria sanitaria pese al pedido de sindicatos y magistrados de todo el país. Lo que resolvieron fue declarar días inhábiles del 16 al 31 de marzo, es decir, que no se computen dentro de los tiempos procesales. En ese período, los tribunales tendrán que asegurar una prestación mínima del servicio y cubrirlo “prioritariamente” con los jueces y funcionarios que no estén dentro de los grupos de riesgo, que fueron licenciados.
Mediante la Acordada 4/ 20, la Corte también suspendió la atención al público y estableció una licencia excepcional y voluntaria, con goce de sueldo, a todos los jueces, funcionarios y trabajadores mayores de 65 años o que padezcan enfermedades u otras circunstancias que los haga más vulnerables al coronavirus. En los juzgados donde haya asistido una persona con caso confirmado o sospechoso de COVID-19 habrá licencia excepcional para todos y la misma medidas corre para los que tengan hijes, en el marco de la suspensión de clases.
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El Alto Tribunal también se hizo eco de lo que ya habían decidido los tribunales inferiores y decretó que desde el miércoles las presentaciones judiciales sean digitales. Es una forma de “despoblar” los edificios. Por último, utilizará 40 millones de pesos del abundante Fondo Anticíclico para afrontar esta situación extraordinaria. Es la primera vez que los supremos deciden tocar esa caja millonaria, a pesar de las enormes necesidades que existen en los tribunales. Eso no impidió que los jueces le pidieran en su acordada de hoy más fondos al Gobierno para afrontar la emergencia sanitaria.
El último punto, el uso de una pequeña porción del Fondo Anticíclico de la Corte mientras manguen dinero al Gobierno Nacional será motivo de polémicas. Según informó su ex presidente Ricardo Lorenzetti, a fines de 2018, ese Fondo superaba los 26.000 millones de pesos. Según fuentes de la Corte es la primera vez que se va a tocar ese dinero, cuyo total actualizado no se conoce. El dato debería ser público pero las cuentas cortesanas no destacan por su transparencia. Si utilizan 40 millones para esta emergencia y se toma el dato que difundió Lorenzetti es apenas el 0,15% del dinero que tienen guardado. “Las circunstancias actuales indudablemente configuran una situación de excepción que habilita la utilización del fondo”, asegura la resolución que firmaron los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Lorenzetti. El juez Carlos Maqueda lo hizo a la distancia porque está cumpliendo con la cuarentena ya que está recién llegado desde el exterior.
La decisión de la Corte Suprema llega luego de que la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Federal porteña dispusieran licenciar a grupos de riesgo y disponer asistencia rotativa en Comodoro Py. A esto se sumó el pedido de la Junta de presidentes de Cámaras Federales, que encabeza el juez Javier Leal de Ibarra, quien le escribió una carta a Rosenkrantz, presidente del Alto Tribunal, para solicitarle que se decrete la feria y que solo funcionen los servicios de guardias para urgencias. Los sindicatos de trabajadores judiciales, el SITRAJU y la UEJN, plantearon lo mismo e incluso habían convocado a un paro sanitario para mañana
En sus considerandos de la Acordada 4/20, los supremos afirman que toman estas decisiones “para acompañar las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de preservar la salud del personal del Poder Judicial de la Nación como así también la de todas aquellas personas que concurran a los tribunales”.
Hace unos días, el Tribunal Supremo había firmado la acordada 3/2020 donde otorgó una licencia excepcional a los trabajadores y funcionarios judiciales que vinieran de países con circulación del coronavirus. También habían firmado la resolución 514/2020 donde se ordenó la aplicación de las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud dentro del Poder Judicial y la creación de una comisión de seguimiento del tema dentro de los tribunales. Según los cortesanos, esa comisión les encomendó que elaboren “un progresivo plan de contención infectológica para el funcionamiento del Poder Judicial”.
Tras conocerse la noticia, el mundo judicial reaccionó de forma impar. Una camarista penal porteño, consultado por este medio, valoró la acordada. Pero no todos reaccionaron igual. Un juez de la misma jurisdicción la sintetizó en una palabra: “Rara. Es una feria que no es feria”. Otro, remarcó: “Debían hacer lo que hicieron. Tardaron un poco. Otras jurisdicciones reaccionaron antes”. No faltaron quienes pidieron más tiempo para leer el documento en profundidad. Tampoco los que eligieron el silencio.
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