La Corte Suprema de Justicia resolvió que el traspaso de las escuchas judiciales a su órbita, dispuesta por un DNU del presidente Macri y su gabinete, se concrete a partir del próximo 15 de febrero para poder implementarlo. Asimismo, la acordada deja abierta la puerta a discutir en el futuro la constitucionalidad de la medida del Gobierno.
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Según se indicó, se requiere "crear y organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada controlar la tarea del personal el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar".
Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte analizó los alcances del DNU "256/2015, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional" .
"Para poder dar cumplimiento lo previsto en el decreto referido es necesario crear organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada controlar la tarea del personal el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar, firmar suscribir los oficios las empresas responsables de ejecutar las derivaciones de las comunicaciones (art. 22 de la ley 25.520)", se señaló. La Corte también subrayó que "se requiere, de igual modo, el dictado de la reglamentación encomendada".
Sin embargo en un párrafo agrega que estas medidas no implican que no pueda tomar cartas en el asunto en el análisis de un eventual pedido de inconstitucionalidad de la norma. "Lo anteriormente expresado lo es sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales", señalaron en la acordada.
A partir del citado DNU, el Gobierno de Mauricio Macri transfirió las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General al de la Corte Suprema, luego que dependiera durante años de la ex Secretaría de Inteligencia.
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