La Corte Suprema dejó en pie los fallos judiciales que mantienen en stand by los aumentos del gas y la luz, y reclamó al Gobierno nacional una serie de informes respecto de cómo aplicó el tarifazo, sin dudas la medida más cuestionada desde que Macri llegó a la presidencia y que ya tuvo dos modificaciones en pocos meses como forma de paliar el costo político.
Con el "debut" de Horacio Rosatti como miembro pleno del máximo tribunal, los magistrados exigieron al Estado que en el plazo de diez días informen a ese cuerpo "los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios" contemplados en las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y la resolución I-3730/2016 de Enargas.
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A su vez, el Gobierno deberá explicar los alcances de la tarifa social y cómo se llegó a conformarla, y los criterios para aplicarla a organismos de bien público, pymes y economías regionales.
También reclama a los juzgados en donde hay vigentes causas vinculadas con los aumentos que se remita toda la información de las mismas, como paso previo a dictar un fallo de fondo que abarque a todas las resoluciones judiciales.
De esta forma, el freno al tarifazo se mantiene vigente, hasta tanto la Corte tome una determinación, con posterioridad a la feria judicial de invierno que comienza este viernes.
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