La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la suspensión preventiva de Citibank Argentina para operar en el mercado de capitales local por considerar que, a partir de la firma de un acuerdo con fondos de inversión demandantes en la causa NML contra la República Argentina en trámite en el juzgado del Juez Thomas Griesa, "no actuó de acuerdo con la legislación vigente en Argentina".
"Establecida la suspensión preventiva, la CNV designó a Caja de Valores S.A. para administrar las cuentas de depósito de Citibank y procesar los pagos correspondientes en cada caso. Además, el MERVAL y MAE deberán arbitrar los medios para atender los requerimientos de los clientes de Citibank y liquidar las operaciones que hubieran quedado pendientes", subrayó la entidad. Además, aclaró que esta suspensión no afectará la operatoria del Citibank en su carácter de entidad bancaria.
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Según informó la entidad de control, la medida se encuadra en el artículo Nº 141 de la Ley de Mercado de Capitales, por considerarse que "existe una situación de grave peligro e incertidumbre para los tenedores de bonos de deuda reestructurada, que deben recibir el pago de rentas correspondientes a los bonos par regidos por ley argentina" que vencen el 31 de marzo.
Tal como había expresado el ministro de Economía, Axel Kicillof, el acuerdo que firmó el Citibank con los fondos buitre permite al banco transferir los pagos de los vencimientos de marzo y junio, "pero tal acuerdo (convertido luego en orden por el Juez Griesa) aplica sólo a Citibank NA Sucursal Argentina y nada más que a Citibank NA Sucursal Argentina". Esto significa que el acuerdo deja sin protección al resto de las instituciones que participan en el proceso del pago de los bonos.
"Asimismo, en dicho acuerdo se hace manifiesta la intención unilateral del Citibank, sin previa consulta a la autoridad regulatoria, de abandonar el negocio de custodio que la entidad posee en la actualidad, generando incertidumbre a los acreedores titulares de bonos", subrayó el organismo que encabeza Cristian Girard. "La situación se agrava porque según el acuerdo firmado un futuro custodio se vería impedido de pagar, ya que sólo autoriza a procesar el pago al Citibank", agregó.
El gobierno interpreta que el acuerdo firmado atenta especialmente contra los intereses de los bonistas, en la medida que no asegura su cobro efectivo y excluye el legítimo derecho por parte del propio banco para apelar eventuales decisiones judiciales que contraríen los intereses de los bonistas comprometiendo el cumplimiento de la ley Argentina.
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