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Los monitoreos realizados en los hospitales Borda y Moyano dan cuenta de serias irregularidades, entre las que se cuentan internaciones de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos. Como resultado de ello, el ORN le solicitó al ejecutivo porteño que adecúe los servicios evaluados de acuerdo a los estándares impuestos por la LNSM.
"Con esto (el Ejecutivo porteño) no sólo obstaculiza el control del cumplimiento de derechos humanos en hospitales de salud mental sino que se propone evitar las investigaciones de muertes en instituciones tanto públicas como privadas", destacó el organismo que monitorea el cumplimiento de esa norma en todo el país.
El ORN fue creado en 2010 por la Ley Nº 26.657 con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas usuarias de servicios de salud mental. Tiene capacidad para actuar en todo el territorio nacional y tiene carácter intersectorial.
La medida cautelar se asentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez. El ORN, a través de su representante legal María Iglesias, presentó un descargo el jueves pasado. Ahora el juzgado debe resolver si hace lugar a la cautelar.
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