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Directivos alemanes de la filial argentina de Siemens, entre los que se encuentra su antiguo CEO, Ralph Matthias Kleinhempel, estaban procesados por haber pagado coimas para obtener la fabricación de los DNI de los argentinos en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem. El contrato fue inicialmente por 600 millones de dólares, pero se hizo luego por el doble: 1.200 millones.
Para la licitación, Siemens debió competir con una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre la que estaba Itrón, parte de SOCMA. Según recuerda el diario La Nación, en el expediente judicial quedó demostrado "un acuerdo económico" entre la firma alemana "con integrantes del grupo económico SOCMA (de la familia Macri) a cambio de que la principal competidora, UTE Itron, SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd., permitiera la contratación de Siemens It Services S.A., sin efectuar impugnación alguna". Es decir, que su competidor hiciera vista gorda a un proceso irregular.
Efectivamente, menos de un año después, se anunció el ingreso de Siemens a la mencionada Itrón. La multinacional compró el 60% de la compañía, dejando el restante 40% en manos del consorcio propiedad de la familia Macri.
Por las irregularidades, el gobierno de Fernando De la Rúa canceló el contrato y se inició luego una investigación penal, que recayó en el juez Ariel Lijo. La causa tuvo un impulso importante en el año 2008, cuando la compañía reconoció ante la Justicia de los Estados Unidos haber pagado 106 millones de dólares en concepto de coimas para ganar la licitación.
A juicio irán los empresarios: Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares por Siemens; y además Carlos Francisco Soriano, Miguel Angel Czysch y Herbert Hans Steffen.
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