El debate luego del fallo judicial en favor de la equiparación de los derechos laborales para los presos no se hizo esperar.
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La medida judicial prevé el principio de "igual remuneración por igual tarea", existente en la Constitución Nacional y diversos pactos internacionales que el país suscribió y los hace extensivo a las personas privadas de su libertad.
Parte del fallo establece que "no puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria que enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social" y que "hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social".
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