Ya son, aproximadamente 10 mil presos del sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires que mantienen una huelga de hambre en busca de mejoras en las condiciones de alojamiento y reformas judiciales relacionadas al sistema procesal. Además, aseguran que la huelga y el reclamo se extenderá a otras provincias y que ya se iniciaron algunas medidas de fuerza en la provincia de Mendoza.
Desde hace una semana se fue extendiendo en diversos pabellones del territorio bonaerense. La medida se mantiene firme. A partir de esto, los reclusos solicitan que se establezca una mesa de dialogo con representantes de los tres poderes donde se especifica que, los procesados solicitan:
-Medidas sobre la prisión preventiva a modo de no transformarse en un castigo previo a una condena, prevaleciendo el ESTADO DE INOCENCIA.
-Asegurar las condiciones de salud de los internos.
-Actividades recreativas, puesto que en un amplio porcentaje de casos la preventiva que concluye en condena esta próxima a solicitud de algún beneficio que requiere como previo haber realizado actividades sociales, culturales, educativas, etc. Y aseguran: “Al no incluir las personas PROCESADAS en dichas actividades, se les está privando del derecho al régimen progresivo de la pena”.
Con respecto a los condenados solicitan:
-Que se vuelva a otorgar el indulto así como se hizo en los años 1996, 1997 y 1998.
-Que las penas menores a 2 años y 6 meses sean de cumplimiento domiciliario, con trabajos comunitarios y/o de otra manera, como ahorro de presupuestos en condenas por delitos menores.
-Se evalúen los casos de internos que superen los 25 años cumplidos dada la superpoblación carcelaria y la insania, recordando la doctrina de Zaffaroni. Y recordando siempre que será la cárcel un lugar de reinserción.
En las penitenciarías provinciales, el 51% de los recluidos tiene condena firme. Y el 49% está con prisión preventiva o con una condena en proceso de apelación.
“Nos dan de comer polenta podrida, hay habitaciones que son para tres donde dormimos 15. Es un infierno durante el verano y nosotros somos personas, tenemos derechos como cualquier argentino” señala al Destape Sergio B. (pidió no dar su apellido por temor a represalias), recluso.
“El reclamo se inició en Campana y se extendió hay mucha solidaridad y recordamos que lo hacemos de manera pacífica, espero que este gobierno nos pueda escuchar porque el anterior nos ignoró a todos”.
En su asunción el nuevo gobernador de la provincia habló sobre el tema y especificó "Nos dicen que hay una deuda con proveedores de 400 millones de pesos. Debemos resolver las cuestiones básicas que afectan al Servicio Penitenciario Bonaerense".
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