Vecinos de La Boca lograron conformar una "Mesa de trabajo" con funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para abordar la problemática habitacional, que se siente particularmente en ese barrio pero que afecta a todo el distrito porteño.
Desalojos, incendios y falta de una política destinada a solucionar esa crisis fue el eje de la primera reunión realizada la semana pasada, donde se puso sobre la mesa que existe un aumento sistemático de los hogares de inquilinos y que "sólo uno de cada dos porteños es propietario de su vivienda", como analizó el último informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
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Esa situación convive con una política de subejecución presupuestaria del IVC que "continúa siendo un tema alarmante", señalaron los especialistas de ACIJ. Para ejemplificar de qué estaban hablando indicaron que para "el segundo trimestre de 2016 (el IVC) sólo había gastado efectivamente el 24,6% del presupuesto vigente para el año en curso".
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Durante la reunión del lunes pasado, los vecinos de La Boca plantearon que había que "generar un plan de contingencia ante la emergencia habitacional", explicó Natalia Quinto, integrante de la agrupación La Boca Resiste y Propone, que participó del encuentro. Agregó: "Ellos acordaron que el barrio estaba en emergencia habitacional y que había que generar una Mesa de Trabajo, que les parecía correcto generar un Mesa Interministerial para responder a distintas situaciones porque hay temas que no se resuelven solo con créditos como, por ejemplo, los incendios".
Allí estuvieron seis vecinos y seis funcionarios del IVC de las áreas social, de créditos y de aplicación de la Ley 341 (de acceso a la vivienda individual y colectiva), entre otros. También estuvo uno de los secretarios del titular del IVC, Juan Ignacio Maquieyra. Ese encuentro, que continuará la semana próxima, fue acordado en medio de una protesta dentro del hall central del edificio del IVC, que se hizo ante la falta de respuesta a una carta donde detallaron un diagnóstico del barrio y pidieron soluciones.
En el diagnóstico detallaron que existen 54 causas judiciales que ya tienen ordenado el desalojo sólo en el barrio de La Boca, que en el último año 1106 personas quedaron en la calle, que la Ciudad no cumple con la Ley 2.240, que declara la emergencia urbanística de la Ciudad y provee de recursos al Estado porteño para responder a esa emergencia; y que existen alquileres abusivos y que el Estado deja a los vecinos desprotegidos. Todo eso en medio de la promoción del barrio como el "Distrito de las Artes", que ofrece beneficios impositivos para inversores privados.
Esa realidad está en línea con lo señalado por ACIJ hace un mes: "En la ciudad de Buenos Aires cada vez más personas tienen problemas para acceder a la vivienda. Cerca de medio millón de habitantes se encuentran en situación de emergencia habitacional. En cuanto a residentes en villas y asentamientos, en 10 años se duplicó su población y según datos de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del GCBA, se estima cercana a los 275.000 habitantes. Asimismo, ya en 2010 se produjo un aumento de los hogares inquilinos del 51% respecto al 2001, y en la actualidad sólo 1 de cada 2 porteños es propietario de su vivienda".
"El acceso a una vivienda digna y un hábitat adecuado no es una mera aspiración personal, sino que es un derecho constitucional que para ser efectivo requiere de la intervención estatal. Este crecimiento exponencial del déficit habitacional no se da sólo por un problema de menores ingresos o mayores dificultades individuales, sino que es el propio Estado el que, por acción u omisión, a través de políticas públicas, genera facilidades para la inversión inmobiliaria con fines especulativos a la vez que dificultades para resolver el acceso a la vivienda de los sectores de medianos y de bajos recursos", sostuvo ACIJ.
La semana pasada, la Justicia le dio la razón a ACIJ y al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), que reclamaron al IVC toda la información relativa a los inmuebles de su propiedad, que deberían ser destinados a resolver necesidades habitacionales. Para lograr esa resolución fue necesario llegar hasta la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad porque el fallo en primera instancia había sido apelado por el IVC, que se negaba a difundir la información.
La resolución de la Cámara establece que el organismo debe hacer público el listado de inmuebles que componen el Banco de Tierras e Inmuebles creado por la Ley 1.251, identificando en cada caso la ubicación, destino, dimensiones, uso actual, situación de ocupación y si existe algún compromiso asumido por el gobierno porteño sobre los inmuebles destinados a resolver necesidades habitacionales.
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