La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) alertó sobre "el peligro de vulneración de principios republicanos" y salió a respaldar a la fiscal comercial Gabriela Boquín, a cargo de la causa por la deuda de Correo Argentino. Mediante un comunicado, la agrupación de fiscales rechazó en duros términos las críticas del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien se puso en el rol de abogado defensor de las maniobras de la familia Macri para no pagar la multimillonaria suma que le debe al Estado hace 18 años.
"Esta Asociación rechaza las expresiones vertidas para desacreditar la tarea desarrollada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, relacionada con su intervención en las actuaciones del concurso de Correo Argentino", afirma el texto firmado por el presidente de la entidad, Carlos Rívolo, y su secretaria general, Susana Pernas. Affun también subrayó que existe "un procedimiento legalmente reglado" para cuestionar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público y que "utilizar vías impropias no hace otra cosa que poner en peligro su independencia de actuación consagrada en la Constitución Nacional y las leyes 24.946 y 27.148, afectando directamente al servicio de justicia".
Se trata de un dardo directo contra Garavano, quien declaró ayer que "la fiscal comercial (Boquín) tiene una opinión no vinculante en los procesos comerciales. Algunos dicen que está actuando políticamente, y no como una fiscal imparcial. En el proceso concursal ella debió tener otro rol del que ha ejercido", sostuvo el ministro, desconociendo que el deber de imparcialidad le corresponde a los jueces y no a los fiscales. Además, Garavano afirmó que "lo de los pagos del Correo es un conflicto que viene de la época de (Carlos) Menem y el kirchnerismo entre privados, no es plata del Estado que alguien se quedó". Lo cierto es que la causa se origina en 2001, en el gobierno de la Alianza, y que no se trata de un conflicto "entre privados" sino que la empresa de la familia Macri se resiste a pagarle una millonaria deuda al Estado, que según se estimó en el expediente podría llegar a los 70 mil millones de pesos.
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Para concluir, Rívolo y Pernas señalaron que esta situación "puede afectar la libertad funcional de los titulares de la acción pública que está consagrada para defensa de toda la comunidad". El pronunciamiento cobra además una especial relevancia política dado que Rívolo ha sido uno de los fiscales más virulentos contra el kirchnerismo junto con su par Carlos Stornelli.
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