Después del rechazo del Senado al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, la agenda de los feminismos continuará presente en el Congreso de la Nación la segunda mitad del año. El próximo martes a las 18.30, en el Anexo “C” de la Cámara Baja, comenzarán a discutirse en plenaria de comisiones proyectos de ley vinculados a la equidad de géneros e igualdad de oportunidades en el trabajo y la reforma al régimen de licencias especiales. Será en las comisiones de Trabajo y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
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Cuando el presidente Mauricio Macri abrió las sesiones legislativas en marzo de este año, además de hablar sobre aborto también mencionó dos temas que son parte de la agenda del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans: la brecha salarial y las licencias por paternidad. A la semana de su discurso, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Poder Legislativo sobre estos dos últimos temas. Sin embargo, hasta ahora el discurso de Macri parece haber sido declamativo. Y el proyecto esconde detrás del engañoso título de “Ley de Equidad de Género” una serie de reformas a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 que puso en alerta a las mujeres sindicalistas organizadas en distintos espacios. “No a la reforma laboral encubierta”, salieron a responderle.
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Es que la iniciativa de la Alianza Cambiemos (EX-2018-10076341) no propone acciones concretas para la incorporación de las mujeres, lesbianas, travestis y trans al trabajo. Más bien replica aquello que ya está determinado y protegido por la Constitución Nacional, que es la equidad salarial. En el largo paquete de modificaciones incorpora la regulación de figuras como el teletrabajo. En el artículo 175 de la propuesta de ley señalan: “Los trabajadores, sin distinción de género, podrán optar por ejecutar trabajos fuera del establecimiento, que les sean encargados por su empleador, así como realizar prestaciones a favor de éste a través de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo a los requisitos que establezca la reglamentación y conforme al acuerdo y/o convenio alcanzado por las partes involucradas”. A su vez, el texto del Ejecutivo presenta modificaciones a los estatutos sindicales que también preocupan a las centrales obreras.
Es por eso que a partir del martes entrarán en discusión dos alternativas: por un lado, la del Ejecutivo y por el otro, una iniciativa impulsada por la diputada del Frente para la Victoria, Vanesa Siley, quien conoce de cerca las demandas de las trabajadoras ya que además de legisladora es secretaria general de FESITRAJU y del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad.
“Es una propuesta producto de la elaboración del trabajo de distintas centrales sindicales cuando se empezó a discutir la iniciativa del gobierno. Planteamos una revisión integral de todo lo que es licencias, cuidados, la incorporación para las nuevas familias y el reconocimiento de los espacios de cuidado para las trabajadoras”, dijo a El Destape Estela Díaz, Secretaria de Género CTA y coordinadora del Centro Estudios Mujeres y Trabajo.
Esta propuesta alternativa a la del oficialismo fue presentada en junio. Y es acompañada por legisladores y legisladoras de distintos bloques, entre ellas Carolina Moisés (Justicialista), Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) y Carla Pitiot (Frente Renovador). Fue elaborada en conjunto con trabajadoras de la CGT, la CTA (de los trabajadores), la Corriente Federal, la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo). La iniciativa de Siley contiene las demandas y reclamos de las trabajadoras organizadas que vienen pronunciandose en cada movilización por Ni Una Menos y cada paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hasta ahora el Poder Ejecutivo sólo plantea con un bonito título de proyecto de ley.
“La igualdad es con nosotras” salieron a decir en una campaña en redes sociales mujeres sindicalistas organizadas en distintos espacios. También dieron a conocer un comunicado en conjunto firmado por la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la CGT, CTEP y CNCT. “No vamos a permitir que nos usen para ir contra nuestras organizaciones sindicales y para introducir la reforma laboral que precarice a nuestrxs compañerxs, porque sin sindicatos fuertes, no habrá derechos para las trabajadoras ni para nadie”, señalaron.
Uno de los ejes centrales en discusión es el tema de las licencias por paternidad. En Argentina estas son únicamente de dos días. Es uno de los plazos más bajos de la región y contribuye a profundizar la desigualdad en el reparto de tareas de cuidados. La iniciativa del Ejecutivo amplía de 2 a 15 días corridos la licencia para hombres y mujeres en caso de nacimiento o adopción de un hijo o hija. Ese plazo podría extenderse por 10 días. Para la persona gestante se mantienen los plazos actuales -prohibición de trabajar durante los 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo, o sea, un total de 90 días.
Las licencias que propone el proyecto de ley de Siley son mayores. Busca otorgarle a la persona gestante 120 días -30 anteriores al parto y 90 luego-, y a la otra persona progenitora, 30 días posteriores al nacimiento del hijo o la hija, en lugar de los 15 que plantea el gobierno de la Alianza Cambiemos .
El proyecto de Siley además de extender las licencias, multa a los y las patrones que incumplan con la equidad salarial. Propone una sanción equivalente a tres salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Por lo pronto, el martes expondrán autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de las Mujeres – INAM – dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En un contexto de crisis, ajustes, tarifazos y desempleo la brecha salarial se nutre de la desigualdad que se profundiza con la propuesta económica de este gobierno. No se trata unicamente de que hombres, mujeres y todas las identidades cobren mismo salario por igual trabajo, ni de títulos que recojan demandas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans solo como título sino de oportunidades reales de trabajo, salarios dignos y políticas públicas con propuestas concretas para reducir la desigualdad.