Lucas Cabello es un sobreviviente de la violencia policial. El 9 de noviembre de 2015 el policía de la ex Metropolitana Ricardo Ayala lo atacó a balazos en la puerta de su casa, en el barrio porteño de La Boca. El agente le disparó tres veces a quemarropa y le dejó heridas gravísimas a Lucas, que hoy se recupera en silla de ruedas. Su hija de dos años fue testigo del intento de asesinato. A pesar que la versión policial intentó instalar que Lucas estaba armado, lo único que tenía el joven en su mano era el sándwich que había salido a comprar para almorzar.
“Espero este día desde hace 4 años, pensando mucho cómo será porque nunca estuve en un juicio. No sé qué va a pasar pero sé que voy a estar acompañado de mi familia y las organizaciones del barrio y la gente que se va a sumar”, dijo a El Destape Lucas Cabello antes de la primera audiencia. “Queremos que se haga justicia y haya una condena ejemplar para que no haya ni un pibe ni una piba más desaparecida o muerto por la policía”, agregó.
El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 y se llevará a cabo en los palacios de Tribunales, en Talcahuano 550. Ayala llega en libertad. Organizaciones de derechos humanos convocaron a acompañar el proceso judicial que tuvo dos dilaciones y fue empujado por familiares, amigos y la comunidad del barrio.
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“Tenemos muchas expectativas de lo que pueda pasar porque tenemos mucha esperanza de conseguir esa justicia que tanto esperamos. Queremos que se sepa la verdad de lo que pasó en realidad porque es nuestra oportunidad de que se sepan cómo fueron las cosas. Mucha gente puede creer lo que se dijo en la televisión y por eso nosotros vamos por la justicia social: que la gente identifique y conoce la cara de los policías que se roban vidas y se llevan a nuestros pibes”, dijo a El Destape Carolina Vila, la mamá de Lucas.
El ataque contra Lucas ocurrió diez días después de que Mauricio Macri ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales e inauguró el paradigma y relato de la Alianza Cambiemos en materia de “seguridad”, anticipando un accionar político que luego se conocería la “Doctrina Bullrich”. El 9 de noviembre de 2015, mientras el joven era asistido en el Hospital Argerich, la -por entonces- vicejefa de gobierno porteño y recién electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, justificó el accionar policial argumentando que había ocurrido a partir de un alerta de botón antipánico por supuesta violencia de género. Esa había sido, también, la versión policial que procuraba enmascarar la violencia estatal. Después, las fuerzas de seguridad intentaron instalar que el joven estaba armado.
El policía Ayala estaba de consigna en la puerta del edificio donde vivía el joven por un conflicto del que nada tenía que ver con él. Y, si bien es cierto que había una vecina que tenía un botón antipánico, está medida de protección nada tenía que ver con Lucas Cabello. El agente, en ese momento, tenía 20 años y sólo seis meses de entrenamiento.
La historia de Lucas es también la historia de un barrio que viene sufriendo las expulsivas políticas públicas de la Alianza Cambiemos en materia habitacional. Lucas vivía un hogar de “tránsito” donde desde hacía más de una década vivían varias familias reubicadas de un conventillo del IVC (Instituto de Vivienda porteño).
La causa judicial
En enero del 2017 la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció que el intento de homicidio de Ayala a Lucas Cabello representó “una grave violación a los derechos humanos” y revirtió la actuación del juez Osvaldo Rappa quien había calificado el hecho como “exceso en legítima defensa”. La apelación fue lograda por la querella de la familia de Cabello, conformada por el equipo jurídico que integran Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, junto a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del entonces fiscal titular Miguel Palazzani.
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