El Gobernador Gerardo Morales quedó envuelto en medio de denuncias tanto por parte de los colectivos a favor y en contra de la legalización del aborto, tras la polémica medida estatal que obligó a una joven de 12 años a continuar un embarazo producto de una violación y dar a luz mediante cesárea a la bebé, que posteriormente murió.
Actualmente, se evalúa pedir el juicio político como también denunciarlo penalmente por homicidio. Tanto el propio gobernador jujeño como su ministro de Salud, Gustavo Bouhid, deberán afrontar a la Justicia este viernes, una vez retomada la actividad judicial tras la feria de enero, con el respaldo de la madre de la joven.
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Pero los problemas no terminan ahí, ya que también desde el lado "pro vida", buscarán realizarle un juicio político para destituirlo.
En concreto, Morales y sus colaboradores podrían ser acusados de homicidio por obligar a la menor a un parto prematuro sin justificación médica que terminó en la muerte de una recién nacida.
Además, "los grupos simbolizados en los pañuelos verdes sospechan en esa demora no fue casual ni burocrática, y que se utilizó ese tiempo para maniobras de maduración del feto, que ni siquiera fueron completadas por el apuro para realizar la cesárea", remarcó Tiempo Argentino.
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