La Corte Suprema de los Estados Unidos falló el pasado lunes en contra de Argentina por una demanda de un fondo buitre. El máximo tribunal decidió que el reclamo del fondo Burford por la reestatización de YPF continúe bajo jurisdicción de la Justicia de Nueva York, en contra de las expectativas argentinas.
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El origen se remonta a la etapa previa a la estatización ordenada por la expresidenta Cristina Kirchner en 2012. Se trata de una demanda por unos U$S 3.000 millones iniciada por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, que adquiría un porcentaje del paquete accionario en aquel momento.
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A partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska, el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos, con antecedentes negativos en el mismo tribunal que supo ocupar el ya fallecido Thomas Griesa. En su presentación, el grupo empresario también afirmó que “YPF no hizo cumplir una disposición que elimina los derechos de voto y dividendo de cualquier adquirente”. Esos estatutos se adoptaron en 1993, cuando YPF era una empresa estatal y pasó a ser privada.
¿Cuál es la posición argentina? Que no puede puede haber normas internas de ninguna empresa que estén por arriba de la Constitución. Según consignó la agencia estatal Télam, Argentina sentó su postura en este sentido a través de un escrito.
Según el texto, los argumentos "no resultan en absoluto convincentes" en cuanto a la jurisdicción a resolver el litigio. En el mismo sentido se planteó que se "interpreta erróneamente" la ley aplicable y se promueven posiciones que "eliminarían la inmunidad soberana por actos de expropiación, ampliando dramáticamente la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos".
Además, el documento afirmó que la Corte "no necesita resolver el desacuerdo de las partes" sobre la interacción entre la Ley de Expropiación y los estatutos de YPF para abordar la jurisdicción del caso. Aún aceptando la interpretación del Segundo Circuito de Nueva York no se puede cuestionar que la expropiación fue un acto "esencialmente soberano", cuya validez no debe examinar el poder judicial, aseveró.
Cabe destacar que al momento de la expropiación, la española Repsol estaba desfinanciando a Argentina para transferir recursos a una operatoria extractiva en Medio Oriente. El plan final era vender los derechos del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta para terminar de fondear su tarea en el exterior. En la actualidad, la fuente energética neuquina representa la oportunidad argentina para llegar al autoabastecimiento y convertirse en exportador en el largo plazo.
ARGENTINA, SIN DEFENSA
A la debilidad del Estado argentino en el plano financiero internacional hay que sumarle el desguace que hizo el presidente, Mauricio Macri, en el equipo de abogados argentino que defendía al país en el exterior.
Cambiemos dejó al país indefenso ante tribunales internacionales. Desarmaron la Dirección de Internacionales, cuyo equipo funcionaba como un estudio de abogados en la defensa del país frente a las empresas que le hacen juicios amparados en los tratados firmados a principios de la década del 90 por Carlos Menem. La mayoría de estos juicios están radicados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido por la sigla de CIADI.
Creado en 1966 y con sede en Washington, el CIADI es un apéndice del Banco Mundial, y su objetivo es resolver conflictos vinculados a tratados de inversiones. Argentina tuvo 54 juicios ante el CIADI y 42 ya se resolvieron y quedan pendientes.
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