Magistrados bonaerenses apuntaron contra el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, por presionar a jueces y fiscales que no comparten su postura respecto a determinada causa o que se oponen a los intereses del oficialismo.
En un escrito presentado ante la UFI 4 de Avellaneda, la defensa de Luis Carzoglio -el juez que negó la detención de Pablo Moyano y fue apartado el 4 de diciembre por una denuncia iniciada por Conte Grand- se asegura que “el modus operandi” del Procurador “resulta ser siempre el mismo: hacer saber determinada postura e intentar convencer de que la misma sea compartida por el magistrado o funcionario”.
Consultado por El Destape, Conte Grand se defendió de las acusaciones y aseguró: "No es mi comportamiento institucional ni personal" presionar a funcionarios judiciales.
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En esta línea, el Procurador negó haber formulado "sumarios inventados", como denunció el ex juez Luis Arias a El Destape, para impulsar jurys contra magistrados disientes y aseguró que el apartamiento de Carzoglio no estuvo vinculado a su negativa a detener a Moyano porque fue por una denuncia iniciada el 29 de septiembre de 2017, cuando no tenía todavía esa causa en su poder.
En base a la denuncia de la defensa de Carzoglio, que aseguró que la aceleración del jury se aceleró tras la negativa a la detención de Moyano, el Procurador aseguró que “el impulso” de esta instancia de juzgamiento “no corresponde a la Procuración” y que no hubo vínculo alguno entre la “visita” de dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia al juez de Avellaneda, la avanzada de la denuncia, la negativa de la detención y su apartamiento como magistrado.
Sin embargo, desde el sector de Carzoglio aseguraron a El Destapeque Conte Grand “presiona" a los jueces y fiscales que no opinan como él ni en base a los intereses del oficialismo. Esta presión llega "desde distintos ámbitos de poder a efectos de obtener el resultado deseado y, para el caso de ser adverso a sus intereses, utilizar el aparato jurisdiccional y político a fin de apartar o destituir a aquellos que actuamos de manera independiente y parcial”.
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En este sentido, Luis Arias, juez platense destituido, entre otros, por Julio Conte Grand, le dijo a El Destape que este sujeto “es un operador político del oficialismo, no es un funcionario judicial sino que es una persona que salió del Poder Ejecutivo, porque fue Secretario de Legal y Técnico de Cambiemos antes de asumir la función como Procurador en diciembre de 2016”.
Su función, aseguró Arias, es “cumplir el rol político de perseguir jueces y fiscales que no se avienen con la política del Gobierno”. El juez explicó que “la Procuración y la Corte provincial pueden hacer sumarios para investigar a jueces y fiscales y, a veces, inventan supuestas faltas porque no les gusta algún fallo y lo usan como una herramienta de presión para llevarlos a un jury”.
En esa instancia de juzgamiento, que puede derivar en un apartamiento, suspensión e incluso la destitución, el jurado está integrado por cinco legisladores-abogados y cinco abogados con matrícula, pero el sorteo no es transparente, denunció Arias, y “si Conte Grand decide que a partir de un sumario te pueden hacer un jury, te lo pueden manipular”.
Dentro de esa manipulación ingresan, además, los plazos de caducidad que no se cumplen. Un jury debería resolverse a los 60 días, “que nunca se cumplen” ya que, “en mi caso, las denuncias eran de la anterior Procuradora”. En tanto, explicó a este medio, “las causas por las cuales a mí me imputan, son del 2009” cuando “el plazo de prescripción es de 5 años”.
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Al respecto, el ex juez Carlos Rozanski le dijo a El Destape que “Conte Grand forma parte de un sistema que sería una guerra jurídica”, o sea “la utilización del derecho, de las normas, de los sistemas procesales para la persecución política”. Una situación que se dio con este Gobierno, tanto a nivel nacional como provincial. “Fui juez durante 25 años en gestiones completamente distintas y en ningún caso fui presionado por ninguno de los Gobiernos”, agregó el ex magistrado
Por todas estas irregularidades, la defensa de Carzoglio aseguró que “a través de los distintos mecanismos de poder se ha visto menoscabada la libertad de resolución y actuación en determinadas causas judiciales”. De hecho, Arias consideró que en este caso puntual hay una clara “persecución política” contra el magistrado que se negó a meter preso a Pablo Moyano.
Rozanski advirtió a este medio que detrás “del Poder Judicial, que activa esta persecución, están los medios hegemónicos que son los que transmiten los que el Gobierno necesita que se transmita”, un Poder Ejecutivo que “ha demostrado, sin ninguna duda, que influenciaron en funcionarios de la Justicia y con quienes no pudieron, los apartaron”.
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