El fallo de la Corte Suprema sobre el cálculo que debe aplicarse para la actualización de los jubilados es esperado con cautela por el Gobierno. Desde Cambiemos apuntan que “no tendrá impacto fiscal y económico” en caso de que los jueces resuelvan una sentencia adversa a la administración.
El máximo tribunal tiene previsto resolver mañana el mecanismo de ajuste sobre el índice que deberá aplicar el Gobierno para actualizar los haberes de los jubilados que ganaron juicios contra el Estado. Unos 150 mil casos estarán afectados por la resolución del máximo tribunal que se expedirá sobre el reclamo de Luis Orlando Blanco, que se inició en 2003 por la actualización de sus haberes y que podría repercutir en miles de casos más.
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Después de una reunión de Gabinete, el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, señaló que "sería un fallo muy acotado que no debería tener impacto desde el punto de vista fiscal y económico en las arcas durante este año y los próximos años”. Aunque no trascendieron los votos, se especula sobre un fallo adverso para Cambiemos, sobre todo por el impacto que pueda tener sobre las arcas públicas.
La disyuntiva es saber si se utilizará el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), que en la gran mayoría de los casos implica un porcentaje superior al que surge de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Un fallo de segunda instancia favoreció a Blanco y Anses expuso sus argumentos para que se efectuara por el índice RIPTE, el mismo índice que se utilizó para la llamada “reparación histórica” que le ofrecieron a los juicios para que no inicien juicios.
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