Investigan si Boudou tenía otra moto de alta gama irregular

17 de junio, 2015 | 11.39
El fiscal Federal Gerardo Pollicita amplió el requerimiento de una causa penal en que se investiga si el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, habría cometido el delito de falsificación de documento público, penado con hasta seis años de cárcel.

En fuentes judiciales se supo hoy que el funcionario del Ministerio Público solicitó al juez federal Ariel Lijo la inclusión de otro hecho en el expediente: la presunta inscripción de una moto de alta gama BMW en el registro nacional del automotor con un domicilio inexacto.

En los documentos de la motocicleta figuraría como domicilio de Boudou una vivienda ubicada en la calle Zado al 3200, en el barrio porteño de Villa Urquiza, que ya habría figurado en los papeles de otros vehículos a su nombre pese a que el vicepresidente nunca habría residido allí.

Boudou habría sido el titular de la moto, una BMW R 1200 GS Adventure, en 2009 y 2010. Ya tenía otro vehículo de dos ruedas, una moto Harley Davidson, con la que se sacó varias fotografías, y un coche Audi con un DNI en el que aparecía el domicilio de Villa Urquiza.

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En otro DNI, triplicado, del vicepresidente de Cristina Kirchner figuraba que tenía domicilio en la avenida Costanera 3365, sobre la playa de la localidad de San Bernardo, en el partido de la Costa, pero un equipo del canal Todo Noticias viajó hasta ese lugar y sólo encontró un médano.

El Código Penal prevé castigos de "uno a seis años de reclusión o prisión" a la persona que "insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".

El número dos de Cristina Fernández se ha convertido en el primer vicepresidente en funciones en ser procesado: un procesamiento, por supuesta corrupción en la apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica y otro por falsificación de papeles de un auto Honda CRX Del Sol modelo 1992.

Además afronta otras causas en las que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, maniobras con fondos públicos para un plan de viviendas, tráfico de influencias con su consultora "Arcadia Advisors", y negociación incompatible en una licitación de autos para el Ministerio de Economía.