Un nuevo caso de corrupción en la obra pública involucra a la empresa IECSA, una de las firmas insignia del Grupo Macri, que el clan familiar decidió traspasar al empresario y amigo presidencial Marcelo Mindlin por la cantidad de escándalos que sumó en tribunales en el último tiempo.
La compañía -bautizada SACDE desde que supuestamente pasó a manos de Mindlin- está siendo investigada por la forma en que se le adjudicó durante el kirchnerismo el desarrollo de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, junto a Isolux, compañía con la que conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para participar de la licitación. Las maniobras irregulares en torno a esas productoras se extendieron durante el gobierno macrista, lo que motivó la apertura de otro expediente paralelo al de la obtención de las obras. Sin ir más lejos, según se denunció en sede judicial, IECSA e Isolux recibieron una millonaria indemnización por la rescisión del contrato sobre ambas productoras que decidió el presidente Mauricio Macri, a pesar de que las obras no estaban terminadas. Uno de los beneficiados de aquel pago fue el primo Angelo Calcaterra. El negocio fue redondo para el clan: la central Brigadier Lopez fue comprada por Central Puerto del empresario Nicky Caputo, el “hermano del alma” de Macri, que si bien ganó la licitación todavía no pagó.
La adjudicación
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Los presuntos delitos que salpican a IECSA (que Calcaterra vendió en parte a Mindlin aunque no se desprendió del todo en lo que fue una transacción muy oscura) están siendo analizados en una causa donde se investiga la gestión de Energía Argentina SA (ENARSA), hoy IEASA, que tiene entre sus funciones la de operar en cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos. El foco por la adjudicación está puesto en la gestión de Exequiel Espinoza.
Se trata de una investigación que impulsa el juez federal Sebastián Casanello. El 7 de mayo pasado, el magistrado resolvió citar a indagatoria a Espinoza y a Santiago Pierro -también fue funcionario de ENARSA- y a los empresarios Juan Carlos de Goycoechea Puente, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Kademian, Osvaldo Macías y Santiago Ramón Altieri. A los siete se les decretó la inhibición general de bienes. Todos desfilarán por tribunales a partir del 19 de junio.
Sánchez Caballero y Altieri fueron los gerentes históricos de las empresas del Grupo Macri y también están involucrados en otros expedientes donde IECSA quedó en la mira por el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos, como el Soterramiento del tren Sarmiento, donde la firma de la familia Macri fue señalada como la encargada de canalizar los pagos ilegales. En ese caso, en el que Sánchez Caballero está procesado, conformaba una UTE con la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella y Comsa.
Para Casanello, “a partir de las diversas medidas realizadas hasta el momento -declaraciones testimoniales e informes de naturaleza interdisciplinarios- se conformó un marco de sospecha tal que justifica el llamado a indagatoria”.
De acuerdo a la prueba que reunió el juez, las contrataciones estuvieron previamente direccionadas y “la licitación pública fue tan sólo una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”. La UTE Isolux-IECSA fue la única que se presentó para realizar esas obras.
La maniobra se repitió con la dos centrales y consta de “un mismo patrón de direccionamiento y mayores costos”. El mecanismo consistió en ampliar de modo directo las obras, alterando los principios que rigen ese tipo de contrataciones. Así, distintas adendas se convirtieron en “contrataciones directas”, impulsadas por ENARSA, e implicaron importantes ventajas para las adjudicatarias, que no tuvieron competencia.
En la misma resolución en la que Casanello definió las citaciones a indagatoria insistió en reclamar a su par Claudio Bonadio copias certificadas de las declaraciones brindadas por Ángelo Calcaterra y de los mentados Sánchez Caballero (IECSA) y De Goycoechea (Isolux) en la causa de las fotocopias de los cuadernos. También requirió “los acuerdos de colaboración que hubieren celebrado”. Lo que denota que el primo del Presidente vuelve a estar en la mira de la Justicia.
Las obras
El llamado a licitación para el levantamiento de las centrales por parte de ENARSA se realizó el 19 de julio de 2007. Era para la contratación del proyecto, construcción, puesta en marcha, supervisión de la operación y mantenimiento bajo la modalidad “llave en mano” de cinco centrales Termoeléctricas. Solo fueron adjudicadas dos: Ensenada de Barragán y Brigadier López (Santa Fe).
El monto estipulado en el presupuesto oficial para la primera central era de 1.237.309.646 pesos más IVA pero se adjudicó por 1.508.721.824 pesos más IVA. Luego se celebraron seis adendas al contrato. Se cuestionaron tres. Todas, representaron en total un 45,15 % del monto del contrato original y, conforme la opinión del cuerpo de peritos consultados, debieron ser comprendidas en el contrato inicial.
En lo que respecta a la obra que se levantó en Santa Fe, el presupuesto era de 711.453.046 pesos más IVA y se adjudicó por 1.016.046.897 pesos más IVA. En este caso se cuestiona una adenda que representó un 10,97 % extra de dinero.
Ninguna de las dos productoras se terminaron aunque están activas, funcionando, pero a una capacidad menor que la de su potencial.
Otras irregularidades
El caso de las dos centrales termoeléctricas compromete al presidente Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios porque excede a la adjudicación de las obras. Una denuncia que impulsaron diputados del Frente para la Victoria apunta a la venta a precio vil de ambas productoras a allegados del jefe de Estado.
El paso previo la “privatización” de las productoras fue la rescisión del contrato de IECSA e Isolux que decidió Macri, para lo que el Gobierno desembolsó en 2016 unos 1.600 millones de pesos, de acuerdo a la presentación de los legisladores nacionales. Se trató de una “indemnización” con el objetivo de cubrir la compra de materiales y otros gastos que habrían tenido las compañías aunque esa erogación no quedó tan clara. En febrero de este año, Brigadier López fue adjudicada a Central Puerto, de Nicolás Caputo. El amigo del alma del Presidente también concursó junto con YPF para obtener Ensenada de Barragán pero la licitación se declaró desierta porque no se aceptaron las ofertas de estas dos compañías.
La presentación de los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, que en un principio había estado en manos del juez Daniel Rafecas, se acumuló en el juzgado federal Nº 7 “por conexidad”, el pasado 16 de abril. Por lo que será Casanello el encargado de investigar estas maniobras.
En la denuncia, los diputados apuntaron contra Macri, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, el actual Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, Alberto Raúl Brusco – Director Ejecutivo y Gerente de Termoeléctricas de IEASA y exIECSA-, Adolfo Marcelo Piccinini -Gerente de Control de Proyectos de IEASA-, Hugo Balboa –expresidente de Enarsa-, Mario Dell Aqua - Presidente de IEASA-, Ángelo Calcaterra –exdueño de IECSA-, entre otros, por el posible delito de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Brusco, según la acusación y tal como se desprende de su CV, estuvo de los dos lados del mostrador: fue gerente de IECSA, donde fue encargado principal de la construcción de las centrales térmicas en cuestión y, a la vez, fue designado a principios de 2016 como Subsecretario de Infraestructura Energética del Ministerio de Energía.
Entre las diferentes líneas que deberá investigar Casanello, destaca la denunciada por los diputados: si, además de las irregularidades en la adjudicación de las obras, con estas decisiones Macri buscó favorecer a personas de su entorno, en un claro perjuicio al Estado.
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