El juez federal Ariel Lijo pidió a la empresa Socma, de la familia del presidente Mauricio Macri, que le envíe en el plazo de tres días toda la documentación sobre las operaciones realizadas con el Correo Argentino.
El juez libró órdenes de presentación a Socma en el marco de una causa en la que se investigan supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino calificado como "abusivo" por una fiscal del fuero comercial.
La semana pasada, el fiscal Juan Pedro Zoni amplió la imputación en la causa por el acuerdo entre el Estado y la empresa postal, relacionada con la familia Macri, y apuntó contra el actual Presidente de la Nación por haber intervenido en un proceso en que le estaba vedado hacerlo por un "conflicto de interés".
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El dictamen explica que el Estado y la compañía habían arribado a un acuerdo que, según la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquín, representaba un multimillonario perjuicio para el erario. Ese acuerdo fue dejado sin efecto y, según se desprende del dictamen, quien dio la orden para ello habría sido el Presidente.
"Al retractarse de la aceptación a la propuesta concordataria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente la Nación. Lo dicho denota una vez más un elemento a investigar en la presente, ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés", resumió el fiscal Zoni. En ese marco, ahora el juez Lijo dispuso que la empresa Socma entregue toda la información correspondiente a las operaciones con el Correo.
En la causa están imputados Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, y -con el último dictamen- se agregaron "los directivos de las firmas Correo Argentino SA, Socma SA y Simeco SA, a los síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentino SA y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli".
La nueva línea de investigación apunta a esclarecer "un posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores", en un contexto de presunto "fraude concursal".
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