Por Darío Gannio
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El Gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires intimaron a más de 7.500 locales comerciales de la Costa Atlántica por no aceptar tarjetas de débito, lo que despertó las quejas de los empresarios. Ahora, se los podría sancionar y la medida se empezará a aplicar fuerte en el área metropolitana.
Desde el año pasado, los fiscos nacionales y provinciales empezaron a atacar lo que consideran que es evasión en los comercios que no acepten medios electrónicos de pago en las operaciones que realiza. Pero el Gobierno de Daniel Scioli, que fue el primero en activar esta iniciativa, frenó por pedido de los empresarios el proyecto después de haber obtenido media sanción en la legislatura provincial. Se trata de una nueva normativa que obligaría a todos los negocios a contar con un posnet y aceptar tanto tarjetas de crédito como de débito. Es que los comerciantes argumentaban que las comisiones de los bancos son muy altas y que no pueden afrontar los $300 del mantenimiento del sistema de pago electrónico.
Sin embargo, Scioli empezó, a través de la agencia de recaudación provincial ARBA, a fiscalizar a los comerciantes con una herramienta que reactivó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El organismo que dirige Ricardo Echegaray inspecciona a los comerciantes desde hace un mes y labra actas en los casos en los que no encuentra el sistema electrónico de pago. Además, les daba 15 días para instalarlos.
Lo que criticaron los comerciantes en esa oportunidad es que las sanciones se basaban en decretos 1.387 y 1.402, firmados por Domingo Cavallo en la época del "corralito". Esta nueva vía para sancionar (en este caso sólo a los que no aceptan tarjetas de débito) fue aprovechada por ARBA, que encontró unos 7.500 locales en infracción en la Costa Atlántica durante los últimos días.
Las multas fueron criticadas por los administradores que hasta amenazaron con realizar un lockout en los comercios, el cual fue levantado durante las últimas horas. Además de la Provincia de Buenos Aires, las inspecciones de la AFIP se realizan en Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Santa Fe, y fue resistida por las cámaras empresariales CAC, CAME y Fecoba, entre otras.
Lo que busca el fisco es disminuir el comercio informal, que se calcula entre un 30% y un 35% en todo el territorio (con 35,8% de empleados no registrados, según INDEC) y que por mes factura alrededor de 2.000 millones de pesos, en base a estimaciones privadas. Desde el Gobierno insisten que con más bancarización se reduciría la ilegalidad, que en los que menos facturan se denomina "enanismo fiscal".
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