Martín Llaryora es el primer intendente peronista de Córdoba desde 1976, cuando el golpe cívico militar derrocó a la presidenta Isabel Perón y al intendente Domingo Coronel. El gobernador Ricardo Obregón Cano había sido depuesto dos años antes, con un golpe cívico policial en febrero de 1974, conocido como “el Navarrazo”.
Entre 1999 y 2003 el PJ de José de la Sota ya había gobernado la Capital cordobesa con Germán Kammerath, jefe de la Unión de Centro Democrático (UCeDe) mediterránea, vicegobernador por unos meses de De la Sota y ex funcionario menemista.
El pasado viernes 27, el Concejo Deliberante capitalino aprobó una megaordenanza que le da superpoderes a Llaryora, entre los que destaca la “emergencia económica”, que comprende la contratación directa de servicios, la venta de inmuebles del patrimonio municipal, la concesión directa del espacio público y la tercerización del cobro de impuestos.
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El secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba e ideólogo de la megaordenanza de emergencia económica es un viejo conocido de Llaryora: Guillermo Acosta, un hombre formado por la cavallista Fundación Mediterránea, fue subsecretario de Articulación Regional y Sectorial y director de Modernización Productiva del Ministerio de la Producción durante el gobierno de Mauricio Macri. Oriundo de San Francisco como Llaryora –el intendente capitalino fue dos veces intendente de esta ciudad del este cordobés-, Acosta sucedió a su jefe como ministro de Industria de la Provincia.
Con la megaordenanza aprobada el viernes, el lunes 30 comenzaron a llegar los memorandos de finalización de contratos de los trabajadores: 26 despidos, principalmente en el área de Salud. “Siempre los contratos llegan hasta el 31 de diciembre, pero se renuevan automáticamente. Es una cuestión burocrática, los contratos van de 1 de enero hasta 31 de diciembre; hasta que ese trabajador entra en otra categoría y después a planta permanente. Nunca se enviaron memos diciéndoles a los empleados que quedaban fuera, que prescindían de sus servicios, y menos en estas fechas de fin de año”, detalló Damian Bizzi, vocero del Sindicato Unico de Empleados Municipales (SUOEM).
El mismo lunes, el SUOEM realizó asambleas en el edificio central municipal, el Palacio 6 de Julio; y el próximo jueves 2 de enero la protesta seguirá con asambleas sin atención al público entre las 7 y las 9 en todas las dependencias municipales. Los trabajadores reclaman, además de la marcha atrás de los despidos, contra la precarización laboral. “La megaordenanza también habilita a la Municipalidad a implementar programas de becas, pasantías y trabajos comunitarios, cuya partida será del 15% asignado al pago de salarios. Esos montos, antes no salían de la partida asignada a salarios. También se contempla la posibilidad de que los trabajadores recibamos aumentos con sumas no remunerativas, que son pagos en negro. Y se impulsa un esquema de retiros voluntarios y pasividad anticipada que va en detrimento de la calidad de vida de los jubilados y pensionados porque habrá una baja importante de sus haberes”, aseguró Bizzi.
La secretaria general del SUOEM, Beatriz Biolatto, señaló que “nosotros hemos sido claros con el Ejecutivo, vamos a defender el salario y las condiciones laborales de los trabajadores. En marzo nos vamos a sentar a negociar la pauta salarial para 2020”. Durante los ocho años de gobierno de Ramón Javier Mestre, el SUOEM y la Municipalidad acordaron actualizaciones salariales por inflación a través de una “cláusula gatillo”.
El viernes hubo un alerta entre los trabajadores, cuando se detectó en el sistema de carga de datos que se había incorporado para el pago de diciembre el índice de inflación, pero después fue borrada esa carga de la planilla salarial.
En el Concejo Deliberante también son críticos con la administración Llaryora. El presidente del bloque radical, Alfredo Sapp criticó los superpoderes y la emergencia económica: “Es falso que no había fondos en las arcas municipales. Son mentiras que Ramón Mestre le dejó sólo $ 30 millones a Llaryora, como se dijo. Había $ 314 millones el día 9 de diciembre; y el 10 de diciembre cuando asumió la nueva gestión era día de vencimiento, por lo que ingresaron unos $ 140 millones más. Cuando asumió Llaryora había $ 450 millones y los sueldos de noviembre ya se habían pagado”.
El mestrista Sapp le dijo a El Destape que “Llaryora pasó de ser vicegobernador de Schiaretti a ministro de la Ciudad de Córdoba, convirtieron a la capital en un ministerio más”.
El concejal vecinalista Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal Córdoba) también criticó: “No puede ser que el Ejecutivo envíe a las siete de la tarde de un día, ocho proyectos de ordenanza para ser tratados a las nueve de la mañana del día siguiente: no son serios. No se puede ver tanto bastardeo a la autonomía municipal, en sólo tres semanas de gobierno, transformaron al Palacio 6 de Julio en la Agencia Córdoba Ciudad”. Y denunció: “El Concejo Deliberante va a ser un decorado del Ejecutivo. Va a haber libertad para otorgar concesiones y vender inmuebles, sin pasar por el Concejo Deliberante”.
Ricardo Aizpeolea de Córdoba Cambia señaló que “puede haber aspectos importantes, beneficios entre el municipio y la Provincia, estamos ante una oportunidad histórica; pero hay que aprovecharlo”. Y puso la mira “en el tarifazo que va con subas de más del 40% al 53% que impactarán en el bolsillo de la gente”. También coincidió con el SUOEM en cuestionar la posibilidad de subas salariales no remunerativas “porque esos trabajadores cuando se jubilen no recibirán esos beneficios en su jubilación, los aumentos a los trabajadores activos no impactarán en los pasivos”.
Laura Vilches del Frente de Izquierda también criticó a Llaryora: “La ordenanza de la emergencia desconoce la paritaria salarial y permite aumentos en negro. También habilita la tercerización de los servicios municipales, abriendo la puerta para una privatización de servicios o avanzar en ese sentido”.
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