Durante la mañana de este jueves, había circulado por los especialistas en judiciales que la Corte Suprema de la Nación iba a avalar gran parte del tarifazo pero imponer audiencias y fijar criterios para otra parte del mismo.
Los magistrados, se decía, le iban a imponer pautas que la Casa Rosada debería seguir para aumentar los valores de las tarifas del gas, que por dos resoluciones del Ministerio de Energía llegaron a incrementarse más del 1000 por ciento en algunos casos. En la práctica, pondría así un límite a los incrementos que determinó el Gobierno, los cuales fueron definidos como "graduales" por el propio Mauricio Macri.
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De acuerdo a lo que había trascendido, el fallo de la Corte iba a separar el incremento por "extracción de boca de pozo" que por la distribución. Para el primer caso, que implica el costo de sacar el recurso natural del suelo, se dijo que los jueces consideraron que no era necesario llamar a audiencias para fijar nuevos precios. Este segmento representa entre el 65 y el 70% de la tarifa del gas. Es decir, avalaba el 70 por ciento del valor total del gas.
Por otra parte, también se creía que iba a exigir la realización de audiencias previas para hacer efectivo el tarifazo en el sector de la distribución y transporte, algo que el Gobierno rechazaba porque, argumentaba, se trataba de un cuadro tarifario provisorio y tomó como válidas unas audiencias de hace 10 años.
Con estas pautas, y el tope del 400% dispuesto luego, la tarifa para usuarios residenciales podría aumentar un 240% promedio.
A favor del Gobierno, también se creía, que la Corte reafirmía su potestad de fijar las tarifas, en sintonía con el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Pero finalmente nada de esto sucedió. Muy por el contrario, los ministros del máxima tribunal dispusieron dar marcha atrás con el tarifazo del gas para los residenciales y ordenó realizar obligatoriamente las audiencias públicas para definir el incremento. Este proceso hará que la suba a la tarifa del servicio llegue no antes de fin años.
El Gobierno había aumentado la presión en los días previos al fallo, amenazando con una hecatombe económica si no se avalaba la decisión de Aranguren. Mayor endeudamiento, un gasto de 80 mil millones de pesos, más inflación y parálisis de la obra pública fueron algunas de las profecías que formularon.
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