Incertidumbre sobre el futuro de la agencia de noticias de la Corte Suprema

Algo cambió la semana pasada en la Corte Suprema: las intrigas y murmullos palaciegos que caracterizaron el accionar de los ministros del máximo tribunal históricamente terminaron ventilados en público. El primer round de la trifulca entre el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, y su antecesor, Ricardo Lorenzetti, terminó en una paz armada con muchas incertidumbres sobre el futuro del máximo tribunal y con una certeza: el tipo de comunicación que fue la marca de la gestión del supremo de Rafaela cambiará. ¿Seguirá el Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias de la Corte? En el cuarto piso de Talcahuano dicen que está todo en análisis.

El escándalo que estalló esta semana llevaba un mes incubándose. Arrancó exactamente después del acuerdo del 11 de septiembre cuando Rosenkrantz – con el apoyo de Elena Highton de Nolasco y de Horacio Rosatti – desbancó a Lorenzetti de la presidencia de la Corte, que ocupaba desde 2007. Hubo una conversación entre Rosenkrantz y la entonces secretaria de Comunicación de la Corte, María Bourdin. Después de eso, ella y su segundo, Pablo Méndez, le anunciaron que pedirían el pase a la vocalía de Lorenzetti. “Tomá control del CIJ porque mi cargo lo tenés vacante”, cuentan que le dijo Bourdin a Rosenkrantz. La transferencia de Bourdin y Méndez se concretó el 27 de septiembre.

El siguiente movimiento de Rosenkrantz ocurrió en la tarde del viernes 5, cuando le encomendó al consultor Ariel Neuman que se hiciera con las claves de acceso del CIJ. Con nota firmada en mano, Neuman – quien tenía un contrato de locación para ocuparse de la cobertura del Justice 20 (J20), la reunión de integrantes de las Cortes Supremas de los países del G20 -- fue hasta la oficina del CIJ para pedírselas al programador, quien lo consultó con Méndez y éste le dijo que debían seguir los canales formales: una nota por mesa de entradas dirigida a la dirección de sistemas.

El recientemente asumido presidente de la Corte se enfureció y pidió sumarios para Méndez y para el programador. Después redactó la resolución 3038 en la que encomendaba al secretario general de administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi, recuperar el acceso al CIJ y garantizar la seguridad informática. El texto que denunciaba un vaciamiento de la agencia de noticias del Poder Judicial se difundió en simultáneo con su presentación en sociedad ante los magistrados del G20, lo que terminó opacando su discurso. Lorenzetti esperó unas horas para dar a conocer una carta en la que hablaba de “mediocridad” y de épocas que creían superadas – una alusión ambigua que probablemente pueda leerse en clave de los conflictos en la Corte menemista, pero más que seguro como una alusión a prácticas dictatoriales, especialmente si se tiene en cuenta que la marca de origen de Rosenkrantz en la Corte fue el fallo que habilitó el 2x1 para represores de la última dictadura. Lo acusó a su sucesor en la presidencia de la Corte de violencia de género, autoritarismo y de querer privatizar el CIJ.

Terminado el J20, Rosenkrantz impulsó una acordada para que firmaran todos los ministros creando la Secretaría de Desarrollo Institucional y subsumiendo a ésta la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto. La secretaría quedó a cargo del hasta entonces secretario letrado Valentín Thury Cornejo, otrora editor del blog Todo sobre la Corte. La dirección se le confió a Neuman, un abogado y politólogo que se dedica a la comunicación judicial y hasta el viernes dirigía Auno Abogados, un multimedio sobre gestión y marketing jurídico que cuenta en su web con el auspicio de grandes estudios y de universidades privadas, como la UCEMA y la Universidad de San Andrés – que dirigía Rosenkrantz antes de ser designado para integrar la Corte.

Hasta el viernes, se estaban acomodando en la nueva secretaría de Desarrollo Institucional. Rosenkrantz firmó un par de resoluciones asignándoles oficinas y con el traspaso de personal a la dirección de Comunicación, que había quedado debilitada después de la salida de Bourdin, Méndez y el equipo que ellos habían formado.

¿Qué va a pasar con el CIJ? Por el momento sigue en funcionamiento y está actualizado. En eso hay consenso entre quienes responden a los supremos en pugna: es una herramienta que funcionó bien para abogados y periodistas. Pero los nuevos funcionarios están mirando un modelo de página institucional como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que combina contenidos más de tinte institucional, análisis de sentencias, resúmenes con agendas y guías para usuarios del sistema.

En la acordada del jueves de los cinco ministros se habla de una web de la Corte, pero no se nombra al CIJ, probablemente porque es una marca muy asociada a la gestión Lorenzetti. La pregunta también pasa por saber si se van a difundir los fallos de primera instancia o las convocatorias a indagatoria – que, en general, son las que más interés suscitan. En la Corte, no lo especifican, pero lo que está en disputa es cómo se van a comunicar las noticias que salen directo desde los tribunales de Comodoro Py. Por ahora, en el cuarto piso se habla de generar protocolos para subir informaciones y de abrirle la puerta a otros fueros y jurisdicciones. Del otro lado de la grieta cortesana, sostienen que lo que se discute es un modelo de comunicación más masivo frente a uno más elitista.

La pelea por el CIJ fue solo el primer asalto en la Corte, que en los próximos acuerdos tendrá que resolver qué hacer con la oficina encargada de las escuchas. El viernes, los abogados nucleados en Iniciativa Justicia pidieron a Rosenkrantz que intervenga la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Oficina (Dajudeco), que está bajo la órbita del máximo tribunal desde 2016. En el frente externo, mientras crecen las versiones de que el Gobierno quiere a Lorenzetti fuera de la Corte – como lo recogió Perfil --, Elisa Carrió pidió una auditoría de la Corte para meterle más presión al expresidente supremo.