Tras analizar la aprueba aportada por el fiscal de San Francisco, Luis María Viaut, el juez federal Pablo Montesi tomó la sorpresiva decisión de imputar al empresario Robert Maggi por el delito de presunto autor de amenazas e intimidación pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El pasado martes 10, tras la asunción de la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández, el empresario Maggi había utilizado la red social Facebook para enviar un mensaje intimidatorio: “Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!”.
Maggi, quien hasta hace pocos meses había sido presidente de la influyente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco y actualmente era vocal titular, fue separado de su cargo tras la repercusión de sus palabras. Incluso, después de su descargo a través de Facebook, dos días después, cerró su cuenta.
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Ni bien se hizo pública la amenaza de muerte a través de las redes sociales y los medios, el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut comenzó una investigación de oficio. “La causa cobra más significado por la investidura de la Vicepresidenta”, señaló el fiscal a los medios de San Francisco, una ciudad agroindustrial ubicada en el límite con Santa Fe, a 208 kilómetros al este de Córdoba capital.
Por su parte, el fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, pese a no estar de turno, denunció penalmente a Maggi ante su colega Graciela López de Filoñuk. “Las expresiones referidas han sido realizadas por un ciudadano que en su condición de empresario tiene por cierto infinita mayor responsabilidad social que un asalariado”, señaló en el escrito presentado a su colega López de Filoñuk. Y agregó: “No se puede admitir en aras de la libertad de expresión que se realicen públicamente las gravísimas amenazas que ha realizado este individuo y que, eventualmente, podrían concretarse en la persona de la señora vicepresidenta”.
Felipe Trucco, un reconocido penalista del departamento cordobés de San Justo, le contó a El Destape que su cliente “fue indagado por el juez federal Montesi y fue imputado por los delitos de amenazas e intimidación pública”, y detalló que “fue un posteo, una publicación desafortunada; Robert Maggi pidió disculpas públicas y lo ratificó ante el juez federal Pablo Montesi”.
Trucco señaló que el empresario metalúrgico no cometió un delito, sino que “es un hecho ajeno al Derecho Penal. La actitud de mi cliente es reprochable, pero nunca tuvo la intención de amenazar o amedrentar a nadie. Fue un momento de enojo, de catarsis y a través de Facebook planteó su disconformidad”.
El fiscal cordobés Gustavo Vidal Lascano había denunciado a Maggi, solicitado su detención y el allanamiento de sus domicilios en busca de armas; sin embargo, el empresario continúa libre y no se realizó ningún operativo: “Tras su declaración, solicité a las autoridades judiciales la exención de prisión de mi cliente; porque no representa ninguna amenaza para la investigación”, sostuvo Trucco.
En su declaración ante el juez Montesi, Maggi aclaró que su posteo en Facebook fue a título personal, desligando de su responsabilidad e ideología a la Asociación de Industriales Metalúrgicos, entidad que preside actualmente Ariel Poli.
Robert Maggi deberá presentarse en los Tribunales Federales de San Francisco cada vez que sea convocado, además de fijar domicilio en la ciudad y dar cuenta cada vez que se ausente de San Francisco.
*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.
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