El fiscal Ramiro González tomó y dio impulso a la denuncia de su colega Germán Moldes contra una importante funcionaria del Gobierno. González le solicitó al juez Sebastián Casanello una serie de medidas de prueba para determinar si las autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado, pudieron haber cometido algún delito
Angelina Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament, hicieron una presentación judicial en la que sostuvieron que la denuncia de Nisman era un "entramado ficcional" y defendieron el dictado del memorándum de entendimiento con Irán.
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Además, acompañaron el mail enviado por el secretario general de Interpol, Ronald Noble, al canciller Timerman, desmintiendo que el gobierno hubiera gestionado el levantamiento de las "alertas rojas" contra los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA.
El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, denunció a los tres funcionarios por el delito de "peculado". "Los firmantes habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones específicas del organismo público que dirigen. Es que han utilizado las recursos materiales y humanos con que cuenta la Procuración del Tesoro en beneficio de terceros, personas físicas, no contemplados en las normas que rigen su funcionamiento", consideró Moldes, uno de los organizadores de la marcha del 18F y quien fuera recusado por el diputado Andrés Larroque.
El fiscal González promovió la investigación pero no formuló imputación alguna, todavía, contra Abbona y los subprocuradores. Además, solicitó como medidas de prueba copia de la presentación de la Procuración del Tesoro, de los antecedentes de los funcionarios denunciados y de la función del organismo.
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