Impuesto a la riqueza: en Argentina hay 45 pobres por cada persona rica

La pandemia del coronaviurs expuso drásticamente un problema estructural que tiene la Argentina y el mundo: la distribución de la riqueza. El Congreso se prepara para sesionar y debatir un impuesto extraordinario a las grandes concentraciones de capital para afrontar la crisis sanitaria, algo que generó mucho rechazo en los sectores más adinerados. Pero un panorama delicado hace necesaria esa discusión: en nuestro país, por cada persona rica hay 45 pobres que no llegan a cubrir la canasta básica todos los meses. Una pequeña redistribución de los ingresos podría ayudar a eliminar esa problemática que tanto preocupa al Gobierno y a los sectores más vulnerables, sin dejar que los ricos sigan siendo ricos.

Según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), en nuestro país, los impuestos a la propiedad representan el 0,3% del Producto Bruto Interno, casi nada en comparación con otros países como Brasil, donde alcanza al 2% o Estados Unidos con el 4,2%.

El problema es mundial ya que el 1% más rico de la población tiene el 82% de la riqueza generada y en nuestra región sólo el 10% concentra el 68% de la riqueza total mientras que el 50% más pobre sólo accede al 3,5%.

El director del OCEPP y diputado nacional del Frente de Todos, Itai Hagman, aseguró que “es fundamental que se sancione un impuesto que grave las grandes riquezas para evitar que la desigualdad siga profundizándose" y aclaró que la clase media y media alta debe quedarse tranquila, porque el proyecto no está "hablando de ellos que también pueden estar pasándola mal. El impuesto a la riqueza solo afectaría al 1% de la población que tiene fortunas realmente exuberantes”.

En ese sentido, hay que destacar que nuestro país tiene una línea de riqueza fijada en $382.513 mensuales. Esa línea se define como la que delimita el ingreso necesario para eliminar la pobreza, es decir, si se redistribuyera el excedente por sobre ella, alcanzaría para que no haya más pobres. 

El análisis del OCEPP plantea que, en promedio, a los hogares pobres les faltan $13.473 pesos para salir de la pobreza (su entrada promedio por mes es de $21.276), mientras que el Ingreso Total Familiar medio de las casas adineradas supera la línea de la riqueza en $287.143. Eso quiere decir que si se redistribuyera un tercio del ITF del 0,5% más adinerado de la población, se podría eliminar la pobreza medida por ingresos, entendiendo que ésta es multicausal.

El segmento más rico tiene un ingreso total familiar promedio de $669.656 mensuales y representa el 7,6% del ITF total del país. Por eso, si se distribuyeran los ingresos para que todos pudieran cubrir la canasta básica, el sector más adinerado seguiría siéndolo. ¿Por qué? Porque quedarían con un ingreso de $382.513, según los cálculos del Observatorio. Y, cuanta más desigualdad (más pobres por cada rico), se necesita transferir el ingreso de una menor proporción de ricos para compensar el de los pobres.

El problema es estructural, ya que un crecimiento de la pobreza tiene su contra cara en la concentración del dinero en pocas manos. Según el análisis de la línea de riqueza en el tercer trimestre de 2019, hecho en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 17,4% de los hogares son pobres y el 24,3% de las personas tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esto quiere decir que no llegan a cubrir la canasta básica.

Por eso, el problema central de la pobreza está vinculado, entre otros factores, a la concentración de la riqueza y su consiguiente distribución desigual. En ese contexto, ante una crisis inédita como la generada por la pandemia del coronavirus, es necesario que los sectores con más poder económico pongan un granito de arena para poder contribuir a fortalecer un sistema sanitario que necesitarán ellos y las personas con menos recursos, así como permitir la compra de alimentos para distribuir entre quienes no pueden salir a ganar el “mango” diario o se quedaron sin empleo y viven una situación más dramática.

Para ello, el Estado impulsó una serie de medidas importantes. La primera fue reducir la exposición de los trabajadores al virus, para lo que se dispuso el aislamiento social y se implementaron distintas iniciativas para morigerar el impacto de la pandemia en el consumo y la producción. Con ese fin se aumentó el presupuesto para inversión en obra pública, se lanzó una línea de créditos blandos para estimular la actividad productiva, se renovó y extendió el programa Ahora 12 y se fijaron precios máximos para productos de primera necesidad, entre otras previsiones.

Dentro de las medidas adoptadas, se prohibieron los despidos sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor por un período de 60 días, así como también las suspensiones; se lanzó un programa para garantizar que los empleadores puedan pagar los sueldos de sus trabajadores a través del cual se reducen las contribuciones patronales y el Estado se compromete a abonar una parte sustancial de los salarios de las empresas afectadas por la crisis.

Además, un componente central fue el fortalecimiento del programa REPRO que, durante la crisis de 2008/2009, logró reducir a la mitad la tasa de despidos entre las empresas beneficiarias. También e creó un fondo de garantías para el repago de préstamos para capital de trabajo y se dispuso una línea de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas destinada al pago de sueldos.

Por otro lado, se reforzó el seguro de desempleo y se elevaron sus montos y se instituyó el “Ingreso Familiar de Emergencia” para preservar los ingresos de los sectores más vulnerables, que consiste en un pago de $10.000 para desocupados; trabajadores informales; monotributistas inscriptos en las categorías más bajas y monotributistas sociales; y trabajadoras de casas particulares.

Se congelaron precios de alquileres, se suspendieron los desalojos y se establecieron precios máximos a los productos de primera necesidad, sumado a la distribución de la Tarjeta Alimentaria. Pero el esfuerzo también debe venir de los sectores que tienen más dinero para ayudar a toda la población.