El barrio 9 de julio, en Hurlingham, no es como cualquier otro. Nació de la necesidad de 175 familias de instalarse en algún lugar y crear sus propias casas en un predio que había quedado en remate tras la quiebra de una empresa. Hoy, alguien ajeno al barrio compró los terrenos y busca desalojarlos.
Las tierras en donde actualmente se ubica el barrio 9 de julio pertenecían anteriormente a la fábrica argentina de vidrios y revestimientos de Hurlingham. La misma quebró y sus bienes fueron a remate pero ya estaban ocupados por más de 150 familias que se apropiaron de la zona y armaron un barrio.
Olga Duré, una vecina de la zona, contó al programa Buenos Aires 2.0 cómo vivieron la situación históricamente y qué pasará en la actualidad: "Cuando quebró la empresa, nosotros fuimos con otros vecinos para que nos vendan los terrenos a nosotros. Nos dijeron que sí varias veces pero después no los vendieron porque faltaba la firma de uno de los dueños de la empresa".
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La compra de los vecinos nunca se pudo concretar y, finalmente, el 15 de noviembre de 2007 el predio fue subastado. El estado de ocupación del mismo ya era similar al actual.
Tras la subasta, en el 2012 las familias recibieron cartas que les pedían que se retiraran del barrio y ahora nuevamente llego otra orden de desalojo.
Una vecina del lugar contó que "el señor que compró el terreno sabía que esto estaba ocupado por muchas familias, más de 150 familias, más de 400 personas" y explicó todos los cambios que la subasta les trajo: "Teníamos luz con medidor y cuando se vendió el terreno vinieron de Edenor a levantar todo. Ahora en el invierno tenemos problemas, hay muchas familias sin luz".
En ese sentido, Carolina Cabral, también de la zona, dijo: "Yo hace 14 años que estoy en el barrio. Nunca nadie nos ayudó con el tema del desalojo. Estamos esperando a ver que soluciones nos dan. No podemos hacer nada. Yo tengo el techo hecho pedazos pero no puedo invertir plata porque no se que pasará ahora".
El comprador, Marcelo Oscar Prieto, adquirió el inmueble por 52 mil pesos y, desde aquel entonces, intenta el desalojo del barrio por todos los medios. Ahí viven 175 familias. Los vecinos denuncian que hubo complicidad con el intendente anterior.
"Nos dijeron que la secretaria de Acuña firmó para que se pueda vender, rematar. Creemos que el municipio quería. Nosotros pedimos que ellos intervengan y no nos recibieron", dijeron.