La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede guardar silencio en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que habilitó el 2x1 para el caso del represor Luis Muiña, debido a la magnitud de las consecuencias que esta resolución pueden generar en la lucha por los derechos humanos y la persecución de los delitos de lesa humanidad en nuestro país.
Como organismo constitucional de derechos humanos, a esta Defensoría del Pueblo le preocupa la interpretación que plasma el fallo de la CSJN, ya que establece criterios contrarios a las políticas y a la defensa de los derechos humanos sustentadas hasta el presente.
Es importante destacar que la norma de la que se benefició Muiña no se encontraba vigente cuando cometieron los delitos por los que fue condenado, como tampoco tenía vigencia cuando se inició el proceso en el que se lo encontró culpable por los cinco hechos que se le pudieron probar.
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Tomando palabras del voto de los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y la opinión del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, “existen diferencias estructurales entre los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad. Estos últimos no son susceptibles de amnistía, indulto o conmutación de la pena, son imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier momento con el objeto de evitar la impunidad que impide una real reparación de las víctimas del terrorismo de Estado. Se desconocen las obligaciones internacionales asumidas ante la comunidad internacional en torno a la protección de los derechos humanos”.
En coincidencia con el constitucionalista Daniel Sabsay, quien consideró que esta decisión constituye un “error y una regresión en la política de derechos humanos en la Argentina”, consideramos que el principio del 2 x 1 es violatorio del principio de progresividad que establece que un país que ha llegado a cierto nivel de protección de los DDHH no puede retroceder ni un paso. Con esta decisión –argumenta Sabsay- la Argentina “se expone a ser denunciada ante la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH por la violación de la Convención Americana que tiene rango constitucional"
El voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que decidió el fallo de la CSJN, representa un retroceso y el camino hacia la consagración de la impunidad en delitos de lesa humanidad. Es una decisión política que expone a la Argentina en su política de DDHH y la coloca en una situación internacional comprometida y vergonzosa.
La renovación de la Corte trajo aparejado el mayor retroceso en la política de DDHH que, como dice Sabsay, representa “romper con el principio de progresividad cuando un país ha alcanzado mayores niveles en materia de derechos humanos y retroceder". Tres votos políticos que vulneran el valor de la justicia y deterioran a la institución justicia. Tres votos políticos que son una ignominia para las víctimas y para la Argentina en su conjunto. Tres votos que han quedado registrados en la historia como una nueva vergüenza que festejan los genocidas y mancillan la Memoria, la Verdad y la Justicia. Tres votospolíticos que reafirman como nunca la convicción de que el punto de partida lo lanzó como un grito en nuestra historia el Dr. Julio Cesar Strassera: "Sr. Presidente, Nunca Más". Ese mensaje es el que hoy debemos reafirmar. Recordando siempre que los derechos se conquistan y se defienden. La Argentina los había conquistado. Ahora hay que volverlos a conquistar y defenderlos. Ni un paso atrás. Por la memoria de quienes no están. Por el presente del Pueblo Argentino. Por el futuro de la Patria.
Decía Leopoldo Marechal: "Los pueblos suelen arrojar al mar, botellas con mensaje de esperanza para las generaciones futuras". El Nunca Más y la lucha fueron la botella arrojada al mar como mensaje de esperanza. Tomemos la botella, agarremos el mensaje y recuperemos para la Patria la dignidad de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El mensaje de esperanza para la reconstrucción sin odios ni rencores, pero con la certeza de que Nunca Más quienes cometieron delitos de lesa humanidad encuentren alguien que les abra la puerta para salir del lugar en el que los había colocado la justicia, con el ejercicio del pleno derecho de defensa que ellos no les permitieron ni les dieron a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron desde el aparato de represión más atroz que se conozca: el propio Estado. El garante de la vigencia plena de los derechos.
No hubo dos demonios.
Hubo un infierno.
Nunca Más.
Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño
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