Mauricio Macri pagó con fondos de la Ciudad de Buenos Aires más de 10 millones de pesos para el operativo en Río Gallegos en el marco de la causa Hotesur que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desembolsó el dinero para viáticos, alojamiento y los sueldos de funcionarios de la Policía Metropolitana y judiciales que participaron del peritaje.
En las próximas horas se hará una presentación judicial contra el jefe de Gobierno porteño por el posible desvío de fondos públicos a la vez que se realizará un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En rigor, el financiamiento ilegal podría llevar a una audiencia a Macri por malversación de fondos públicos.
El monto que dedicó el GCBA para la operación política mediática y judicial contra Máximo Kirchner supera los 10 millones de pesos. El alojamiento de los funcionarios fue contratado por intermedio de una empresa que es proveedora de la administración de Mauricio Macri.
El monto que dedicó el GCBA para la operación política mediática y judicial contra Máximo Kirchner supera los 10 millones de pesos. El alojamiento de los funcionarios fue contratado por intermedio de una empresa que es proveedora de la administración de Mauricio Macri.
En las próximas horas se hará una presentación judicial contra Macri por el posible desvío de fondos públicos. Se realizará un pedido de informes en Legislatura.
La operación de reserva en el Hotel El Comercio de Río Gallegos para el casi medio centenar de efectivos que se alojaron estuvo a cargo de la agencia de turismo Furlong Fox, una de las compañías de viajes corporativas más importantes del país que habitualmente trabaja para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese marco, la presentación judicial no solamente será contra el propio Macri sino también contra el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, el jefe de la Metropolitana Horacio Alberto Gimenez y el segundo responsable de la fuerza, Ricardo Pedace.
Fuentes judiciales de más alto rango negaron en forma terminante que Bonadio haya pedido financiamiento para el operativo que movilizó a efectivos de la Metropolitana. Asimismo se evaluó que en caso de que hubiera sido realizado el pedido, las posibilidades de haber sido aceptado habrían sido casi nulas ya que se trata de una fuerza distrital y no federal.
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