De forma sorpresiva, los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, los integrantes de la sala I de la Cámara Federal, se reunieron para discutir un pedido de nulidad realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur.
La audiencia se da luego de la polémica por la decisión del magistrado a cargo de la causa Hotesur de utilizar a la Policìa Metropolitana para un allanamiento en una de las oficinas que Máximo Kirchner tiene en Río Gallegos, Santa Cruz.
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Por ese operativo, la Ciudad desembolsó unos 10 millones de pesos, en concepto de viáticos, sueldos y alojamientos para todos los efectivos abocados en la requisitoria de Bonadio. El hospedaje de los funcionarios fue contratado por intermedio de una empresa que es proveedora de la administración de Mauricio Macri.
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