El Gobierno recibió un nuevo favor de la Procuración General de la Nación, en este caso vinculado al aumento de la tarifa del gas. Fue en una causa en la que el municipio bonaerense de Leandro N. Alem denunció los aumentos de tarifas y logró un amparo colectivo por parte del juez federal de Junin Héctor Pedro Plou. Ante esto, el Gobierno realizó una maniobra para quitarle la causa y traerla al fuero Contencioso Administrativo, donde tiene una especial incidencia. El Destape accedió al dictamen por el cuál la jefatura de los fiscales sigue la línea dictada desde la Casa Rosada.
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El modus operandi es el mismo que en el caso Farmacity, donde la justicia bonaerense le negó la instalación pero obtuvieron un dictamen favorable en la Procuración, donde el interino Eduardo Casal se mueve al ritmo de Cambiemos.
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El origen de esta causa es una demanda presentada por la Oficina de Derechos Humanos y Defensa del Consumidos de la Municipalidad de Leandro N. Alem. Según consta en el expediente, lo hizo “en representación de los usuarios y consumidores de su distrito, contra el Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y CAMUZZI Gas Pampeana S.A. (en calidad de tercero citado”. Lo que pedían era que “se declare inaplicable la Resolución 74-E/2017 del Ministerio de Energía y Minería, las Resoluciones 4356/2017, 4369/2017, 4354/2017, 4357/2017, 4361/2017, 4377/2017 y 4358/2017 del Ente Nacional Regulador del Gas y la inconstitucionalidad de los arts. 83 de la Ley 24076 y 4, 5, 6 inc. 1, 10, 13 y 15 de la Ley 26854”. La resolución es la que establece los aumentos de gas, la ley la que privatizó el gas.
El 30 de agosto de 2017 el juez Plou anotó la causa en el Registro de Juicios Colectivos que creó la Corte Suprema y que, como dice el fallo por el cuál aceptó la acción colectiva, determina como “pauta objetiva asumir la competencia en todas las causas iniciadas por el mismo objeto, con el alcance delimitado a los usuarios residenciales del servicio de gas de red de todo el territorio nacional”. O sea, que todas las causas por el precio del gas en las casas deberían tratarse en ese juzgado. El 21 de noviembre de 2017 el juez Pou resolvió asumir la competencia colectiva de este caso.
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Con este panorama, el Gobierno inició una maniobra para quitarle la causa. Los abogados del Ministerio de Energía se presentaron en el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N°8, y lograron que la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre se declarara competente en el caso. Es decir, que quería quedarse con la causa. El juez Plou rechazó esta intención del Gobierno y envió el caso a la Cámara Federal de La Plata. Allí, los camaristas Julio Reboredo, Carlos Román Compaired y Roberto Agustín Lemos Arias le tiraron el fardo a la Corte Suprema. Así las cosas, serán Ricardo Lorenzetti y sus colegas supremos los que definirán el destino de esta causa. Paso previo, precisaban un dictamen de la Procuración, que llegó, como revela El Destape, alineado con los intereses del Gobierno.
El dictamen lo firma Laura Monti, procuradora ante la Corte Suprema, pero no escapa del control del procurador interino Casal. Allí opina que la decisión de si la causa queda en Junín o pasa al Contencioso Administrativo debe tomarla la propia Cámara Contencioso Administrativo Federal. Ergo, que el fuero más accesible para el Gobierno defina sobre si se queda con este expediente. Resta ahora la palabra de la Corte, pero Mauricio Macri ya cuenta, otra vez, con este empujón de la Procuración.
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