El juez de Nueva York Thomas Griesa aceptó el pedido del Gobierno para levantar embargos contra el país. No obstante, lo condicionó a que el Congreso derogue las leyes cerrojo y de Pago Soberano, que impiden mejorar la oferta realizada en los canjes de 2005 y 2010.
El magistrado también pidió que la Argentina se comprometa a pagar los acuerdos que pueda alcanzar antes del 29 de febrero con los fondos buitre que aún no aceptaron la propuesta de pago formulada por la Argentina.
Apenas los abogados de la Argentina presentaron el descargo en respuesta a otro escrito de los buitres, Griesa rápidamente resolvió la cuestión y prometió reponer el "stay" siempre que el Congreso derogue las dos normas sobre deuda.
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La decisión judicial le otorga virtualmente al país otros 10 días para intentar un acuerdo con los fondos más duros, que siguen rechazando la propuesta de pago. El país se encuentra en "default selectivo" desde agosto de 2014, cuando Griesa impidió que el Banco de Nueva York pagara los vencimiento de títulos, como respuesta al desconocimiento de sus fallos a favor de los holdouts.
El Gobierno pretende que el juez levante todas las restricciones para poder realizar normalmente el pago de su deuda a los acreedores y poder volver a los mercados internacionales de crédito. El ministerio de Hacienda y Finanzas no dio a conocer ninguna información oficial sobre lo actuado por el secretario de Hacienda, Luis Caputo, en Nueva York.
En un escrito presentado este viernes en el vencimiento del plazo para argumentar a favor del levantamiento del embargo, el Ejecutivo sostuvo que "la nueva administración de la República ha cambiado dramáticamente su política hacia esta disputa y está trabajando intensamente, de buena fe, para resolver los reclamos de los tenedores de bonos en default", agrega el escrito presentado por los abogados Daniel Slifkin y Michael Paskin.
Los fondos NML Capital y Aurelius pidieron a Griesa que le negara a la Argentina el levantamiento del embargo que el país necesita para reiniciar sus pagos de deuda externa. El Gobierno presentó el pasado 5 de febrero una propuesta para pagar U$S 6.500 millones, sobre un total de U$S 9.000 millones, a los fondo especulativos NML Capital y Aurelius y otros acreedores.
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