Gremios judiciales expresaron su preocupación ante la avanzada del Gobierno para traspasar la Inspección General de Justicia (IGJ) a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de asegurarse cierta protección ante la progresión de causas en contra de los funcionarios actuales.
Con el resultado electoral adverso - Mauricio Macri perdió las PASO por casi 17 puntos ante Alberto Fernández - el oficialismo buscará un reaseguro al traspasar ciertas competencias a territorio porteño, el cual podrían conservar tras el 10 de diciembre.
Al respecto, desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con la firma de Julio Piumato, se aseguró que uno de los objetivos de esta jugada es "trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades off shore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A. bajo la órbita de la Ciudad".
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Además, se advirtió que la IGJ tiene el control de asociaciones civiles y fundaciones, donde también hay funcionarios macristas involucrados, "pretendiendo digitar desde un Gobierno local la vida de las empresas y con ello otorgar impunidad a los amigos de turno".
El gremio de trabajadores estatales, UPCN, también mostró su preocupación y declaró el "estado de alerta y asamblea permanente en la IGJ y en el Registro de la Propiedad Inmueble" ante un posible traspaso del organismo a la Ciudad mediante Decreto de Necesidad y Urgencia.
Con este panorama por delante, exigieron que se garantice la continuidad de todos los contratados, así como sus salarios, y advirtieron sobre "la urgencia del dictado de dicha norma, entendida solamente en la necesidad de traspasar 'cajas recaudatorias' a un ámbito de posible continuidad de la gestión actual".
La exprocuradora General, Alejandra Gils Carbó, recordó en El Destape Radio que “a fines de 2008, la legislatura porteña dictó una ley que intenta crear una IGJ porteña, equivalente a la nacional. Querían traspasar sus funciones”. Ley a la que definió como “claramente inconstitucional”.
En diálogo con Habrá Consecuencias, sostuvo: “En 2008 dije que crear una IGJ porteña era para fomentar el uso de sociedades offshore. Que ahora se pretenda reflotar entre gallos y medianoche queda claro la intención" y rememoró: “Cuando era fiscal de cámara, en 2008, pedí una medida cautelar para impedir que hubiera una IGJ porteña. Eso se mantuvo 10 años, pero ahora parece que quieren retomarlo”.
Según su análisis, “lo que se busca con la IGJ porteña es liberalizar el uso fraudulento de sociedades” y advirtió que “crear una IGJ en la ciudad de Buenos Aires es crearse una jurisdicción sin controles”. Por eso, resaltó que "la evasión impositiva es uno de los principales objetivos de crear una IGJ en la ciudad”.
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