La Comisión Intereamericana de Derechos Humanos dio un giro en su línea histórica y recibirá a dos ONG que reivindican la represión, el terrorismo de Estado y defienden públicamente genocidas. Desde organismos de Derechos Humanos y abogados querellantes en causas de lesa humanidad afirman que el gobierno de Mauricio Macri presionó para que la CIDH de este vuelco. De hecho, según informaron desde estas ONG's, serán acompañados a la reunión por un funcionario del Gobierno.
Las ONG's que van a participar de esta reunión son la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la asociación Puentes para la Legalidad. La primera tiene una larga trayectoria de lobby en defensa de los ejecutores del terrorismo de Estado. La segunda reúne a hijos de represores y se hizo conocida en septiembre de 2011 con un escrache contra el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien afirmaba que no debían aplacarse los avances en materia de juicios de lesa humanidad. El cambio no es solo en la CIDH. La reunión fue confirmada ayer por estas ONG's, justo el mismo día en que Lorenzetti fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz, ideólogo del fallo del 2x1 para genocidas. La vuelta de página del Gobierno de Macri en materia de Derechos Humanos le da marco a estos movimientos.
La reunión que concedió la CIDH no será en forma de audiencia pública sino como un encuentro privado. En su web, Abogados por la Justicia y la Concordia se quejó del formato. Pero aseguraron: “Hemos resuelto aceptar la convocatoria, no obstante el marco muy acotado establecido por la CIDH como objeto de la reunión”
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Alan Iud, Coordinador del Equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, afirmó: “Si bien esta reunión no implica un posicionamiento de la CIDH ni significa que vayan a resolver algo sobre el tema, lamentamos que hayan otorgado esta reunión, cediendo a la presión del Estado argentino”.
“Lamentamos que la Comisión preste su tiempo y su prestigio para escuchar los reclamos de los represores, que cuentan con todas las garantías del debido proceso y condiciones de detención de privilegio, a diferencia de la gran mayoría de las personas sometidas a proceso penal en Argentina”, sostuvo Iud en diálogo con El Destape.
En el mismo sentido se manifestó Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del colectivo Mario Bosch, que nuclea abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad. “Cuando tuvimos una reunión con la CIDH en 2017, nos hicieron saber que hacia años que venían pidiendo audiencias los familiares o representantes de genocidas”, relató Gómez Alcorta a El Destape.
“Es grave que se les de una audiencia privada, a pesar de que eso no implica ningún trámite formal ni se da en el marco de las audiencias públicas (que tienen otro nivel de institucionalidad para el sistema interamericano), a quienes han violado y vulnerado y violado toods los derechos de cientos de miles de personas y que buscan ampararse ahora en el sistema interamericano para lograr impunidad en el marco del proceso de juicios de lesa humanidad”, sostiene Gómez Alcorta.
La abogada también aporta datos que desmienten el argumento de la venganza durante los juicios: “Mas o menos el 10 o 12 % de las personas que llegan a juicio oral terminan absueltas”. Y sumó: “Lo más grave de todo es la presencia de algún representante del Estado Argentino en una audiencia privada. La audiencia privada es con las partes. Por lo tanto, ¿en representación de quién va el Estado Argentino? Y en realidad es casi una pregunta retórica porque va en representación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad”.
Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S. Capital marcan que "la CIDH sabe que los juicios a genocidas se constituyeron como ejemplares ante el mundo", aunque advierten por "los sistemáticos intentos de obtener impunidad por parte de los abogados defensores de genocidas". Asimismo, agregan que "ahora, ese intento tiene un acompañamiento del Gobierno y eso no puede desconocerse a la hora de evaluar la reunión".
Hace 15 años que estos grupos presionan a la CIDH para que revise los casos en los que fueron condenados genocidas y represores. El lobby incluyó viajes a los distintos países donde sesionó la CIDH, e incluso un escándalo público durante la sesión en Montevideo en octubre del año pasado.
Sobre lo que pasó en Uruguay, Iud relató: “Numerosos organismos de DDHH, encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, expusimos en audiencia pública ante la Comisión las regresiones en materia de Memoria, Verdad y Justicia desde que Macri asumió la presidencia. Allí señalamos que las regresiones se registraban en los 3 poderes del Estado, en el marco de un creciente discurso público negacionista”.
Estas ONG's insistían en que hay más de 2000 presos políticos y critican las condiciones de detención de los represores. Pero los datos los desmienten. En diálogo con El Destape, el abogado de Abuelas destacó que, desde la asunción de Macri, “había una clara tendencia de un mayor otorgamiento de prisiones domiciliarias y regímenes de detención de privilegio, como el de la reinaugurada Cárcel Vip de Campo de Mayo”.
“Desde entonces, el panorama ha empeorado, por que las prisiones domiciliarias siguen creciendo, al punto que hoy alcanzan al 57% de los detenidos por crímenes de lesa humanidad”, detalló Iud.
Al conocerse la realización de esta reunión con la CIDH, el presidente de Abogados por la Justicia y Concordia, Alberto Solanet, le dijo al diario La Prensa: “Desde el gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos humanos como ‘política de Estado’, en palabras del ex presidente de la Corte Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la guerra que padecimos en los años 70”.
“El injusto encarcelamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales se extendió también a civiles, sacerdotes, funcionarios, jueces y periodistas. Indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos que, sumisos a los dictados y presiones del gobierno, dictaron fallos que constituyen gigantescos prevaricatos, sentando doctrinas que les resultan difíciles de revertir sin reconocer la arbitrariedad y absoluta ilegalidad que las inspiró”, insistió Solanet.
La reunión será mañana en Boulder, Colorado. Según informó Solanet, irá junto a los abogados Maria Laura Olea y Ricardo Saint Jean. Olea fue Secretaria ante la Cámara de Casación Penal, donde trabajaba con Eduardo Riggi, denunciado por en 2007 por un grupo de 61 querellantes víctimas de la represión. Renunció en febrero de 2013. “Los motivos son la prohibición de defender a su padre, el Gral. Braulio Olea, injustamente acusado de violaciones a los Derechos Humanos”, informó la Asociación que ahora patrocina. El general Olea fue condenado a 25 años de prisión por su rol en el centro clandestino de detención La Escuelita.
El otro abogado es hijo del temible Ibérico Saint Jean, que comandó la represión en la provincia de Buenos Aires y dejó una frase para la historia: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Para su hijo, la víctima es el victimario.
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