La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, rechazó hoy la solicitud del juez federal Claudio Bonadio para iniciar el proceso de remoción del fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
Gils Carbó indicó que, debido a la “gravedad institucional que acarrea la manifiesta inconstitucionalidad” de la decisión del magistrado de declarar en rebeldía a Gonella y prohibir su salida del país, decidió remitir las actuaciones al Consejo de la Magistratura “para que allí se tomen las medidas que correspondan a semejante avasallamiento”.
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En ese sentido, señaló que el pedido formulado por Bonadio se enmarca en una causa penal que pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, como es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio www.fiscales.gob.ar.
“La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”, precisó.
Según la representante del Ministerio Público, la situación “se torna aún más grave si se tiene en cuenta que en la misma resolución el juez federal declaró la rebeldía del fiscal general Carlos Gonella y le prohibió salir del país, desconociendo así la inmunidad funcional de la que goza todo magistrado del Ministerio Público por mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional”.
En particular, precisó que la inmunidad de arresto está expresamente reglamentada por los artículos 14 de la ley 24.946 y 1 de la ley 25.320, sobre la que doctrina y jurisprudencia coinciden en que protege a los magistrados de toda medida restrictiva de su libertad. “En otras palabras, no se trata de un privilegio personal sino de una garantía de los justiciables”, subrayó Gils Carbó, y agregó: “Impedir que el fiscal general Carlos Gonella salga del territorio nacional se vuelve una medida a todas luces arbitraria que debe ser rectificada con la mayor premura.
Por último, la funcionaria manifestó que es su deber “no consentir este tipo de maniobras inadmisibles y asegurar a cada uno de los magistrados la tranquilidad de espíritu imprescindible para el correcto desempeño de su función”.
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