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Beliz había sido absuelto por un tribunal oral federal, pero la Cámara de Casación anuló ese fallo y retrotrajo la situación del ex ministro a la instancia previa al debate. Pero según Gils Carbó, el fallo de Casación trasgredió "los principios de preclusión y cosa juzgada".
Según el dictamen, durante la larga tramitación del expediente hubo cuestiones que quedaron cerradas y con fuerza de cosa juzgada, que -no obstante- la Casación las reabrió para anular la absolución de Beliz.
De esa manera, opinó la procuradora, se alteró la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, por lo cual el fallo de la Casación debe ser dejado sin efecto.
El fallo de Casación "implicó la anulación de la decisión desincriminatoria y el reenvío para la realización de otro juicio, circunstancia que dejaba a Beliz, a pesar del avanzado estado del proceso, nuevamente sin una definición sobre su situación frente a la ley", dijo la procuradora.
"La reedición de cuestiones precluidas para anular la absolución del imputado constituye una clara violación del derecho de defensa en juicio y el debido proceso" consagrados en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos", resumió.
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