El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, echó sin fundamento a decenas de migrantes de la provincia y, en pleno aislamiento social, los envió en micro a la Ciudad de Buenos Aires. El vehículo, en el que viajaban familias con niños, fue interceptado por las fuerzas de seguridad en el ingreso a la Capital Federal. Una de las pasajeras tenía fiebre y fue derivada al Hospital Pirovano. Al resto de los viajantes se los llevó a tres hoteles porteños para que realicen la cuarentena. La decisión intempestiva del carcelero de Milagro Sala había motivado, el miércoles, la presentación de un habeas corpus por parte del CELS y las organizaciones ANDHES y CAREF para que se garantizaran las medidas de protección de los trasladados. En el micro de larga distancia había 11 argentinos y 51 personas oriundas de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Brasil.
“El martes 31 de marzo, a última hora, las autoridades de Jujuy decidieron disponer el traslado de un grupo de personas migrantes de manera compulsiva, arbitraria e irregular”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el miércoles. Según constataron loas autoridades, las personas que viajaban eran originarias de Colombia (22), Venezuela (21), Perú (5), Bolivia (2) y Brasil (1). También había 11 argentinos. Según la reconstrucción del hecho, todos habían llegado al país antes de que se cerraran las fronteras y estaban radicadas en hoteles de La Quiaca y San Salvador de Jujuy.
El 1° de abril, el micro de larga distancia partió pasadas las 9 de la mañana rumbo a Buenos Aires desde La Quiaca. Hizo una escala en San Salvador. A la mayoría de los pasajeros, que fueron requisados, no se les informó con precisión hacia dónde se dirigían. Sin orden de ningún tipo les dijeron que debían abandonar la provincia, indicaron desde las organizaciones que motorizaron el habeas corpus.
El misterio se develó cuando el vehículo patente AD357UH, interno 393 de la empresa Balut Hnos, fue interceptado en un control de la Avenida General Paz y Zapiola, después de decenas de horas de andar por ruta. Había cinco destinos para estas personas, según se desprende del pedido de circulación que había elevado al Ministerio de Transporte el Coronel Guillermo Siri, integrante del Comité Operativo de Emergencia de Jujuy: los pasajeros debían descender en sus respectivas embajadas, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y en la estación Retiro.
Si bien los migrantes no tenían certeza de su destino, el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, había originado el pedido de autorización para que fueran trasladados a la Capital Federal en plena pandemia del coronavirus y vigencia del aislamiento social y obligatorio. Según consta en la documentación a la que accedió El Destape, el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacional de Jujuy, Pablo Palomares, había autorizado el viaje, el 31 de marzo. Previamente, Palomares había certificado que los pasajeros habían cumplido con la cuarentena y que cada uno contaba con un certificado médico de la provincia que acreditaba que no presentaban síntomas asociados a Covid-19 y que tenían parámetros de salud normales. No obstante, al llegar a Buenos Aires, una de las pasajeras tenía fiebre. Fue atendida por el SAME, según informaron desde el Ministerio de Interior. La cartera a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro intervino en el caso luego de que la secretaría de seguridad porteña diera aviso a la Dirección Nacional de Migraciones para que verifique el estatus migratorio de todos los demorados.
Lo que reveló la interceptación del vehículo es que el micro tenía una autorización técnica para circular, que había dado el Ministerio de Transporte de la Nación a pedido del gobierno de Jujuy. “La certificación de identidad de los pasajeros, las condiciones sanitarias de los mismos y el destino fue certificada y autorizada por las autoridades locales de la provincia de origen”, señaló una fuente gubernamental.
Antes de que el micro fuera interceptado en territorio porteño, el CELS y las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), presentaron un habeas corpus ante la Justicia Federal de Jujuy por 36 personas que estaban en el colectivo. Buscaban conocer las razones del desplazamiento y el dispositivo dispuesto para garantizar que el traslado resultase seguro. Para las organizaciones el traslado era compulsivo, afectaba la libertad de circulación de los involucrados y estaba forzando a las personas a desplazarse sin información suficiente. Por ejemplo -sostienen-, los trasladados no tenían el lugar preciso al que se los estaba llevando en plena vigencia del aislamiento social obligatorio. El gobernador Morales los estaba obligando a cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. El recurso fue rechazado en primera instancia y ahora se encuentra apelado en la justicia jujeña.
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó a El Destape: "Hace dos días que venimos alertando sobre la decisión del gobierno de la provincia de Jujuy de decidir el traslado forzado de alrededor 36 personas, que estaban en La Quiaca. Tuvimos que presentar un habeas corpus para evitar una medida que implicaba poner en riesgo a muchas personas y complicar el esfuerzo de todes de cumplir con el aislamiento social. Y finalmente ahora observamos cómo estas personas son retenidas de manera ilegal en la Ciudad. La medida ilegítima de Jujuy debe ser saneada por las autoridades federales, y se le debe asegurar a estas personas condiciones mínimas para garantizar el acceso a alternativas de vivienda. El desplazamiento forzado es una afectación de derechos de estas personas que se vieron sometidas a un trayecto de más de 36 horas, que se agrava en este contexto de medidas que realizamos todes para proteger el derecho a la salud".
Por su parte, Malka Manestar, coordinadora institucional de ANDHES, indicó a este medio que “muchas de estas personas tienen necesidad de protección internacional”. Y apuntó contra el gobierno de Morales: “Jujuy pasó por encima de una disposición del gobierno nacional y puso en riesgo a la población”. También se refirió al grupo de personas que viajaba en el micro de Balut Hermanos: “Había un grupo de personas colombianas que había ingresado por medios legales por los pasos regulares porque iban a presenciar un partido de fútbol de un equipo de Colombia. Otro grupo importante era de venezolanos. Permanentemente estamos recibiendo personas de aquel país porque buscan protección internacional”.
“Es necesario que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y actúe en materia de derecho de las personas migrantes. Y que las responsabilidades vayan a quien corresponda y no carguen contra los migrantes por las malas decisiones del gobierno provincial”, añadió. Por ejemplo, uno de los turistas extranjeros que estaba en el micro, en diálogo con Telefé, aseguró que lo sacaron de Jujuy "con mentiras".
Luego de que el vehículo de Balut fuera detenido por las fuerzas de seguridad, se abrió una investigación en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, quien está en funciones en los tribunales de Comodoro Py durante la feria extraordinaria que se decretó por la pandemia.
Por lo pronto, el ministerio de Interior informó que 9 extranjeros de los 51 que había en el micro "ingresaron al territorio nacional por pasos no habilitados y se les iniciará el proceso de expulsión del país". Se trata de personas de origen colombiano. "El resto de los extranjeros se encuentran en condición regular", agregaron.
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