Con el amparo de Mauricio Macri, Juan José Aranguren desplegó un programa para incrementar sustancialmente las ganancias de las petroleras y garantizarles las futuras. Con las herramientas del Estado dolarizó las tarifas y las naftas, e incluso las favoreció más allá de lo que las normas le permitían. El año pasado firmó desde ENARSA un contrato con las compañías con características que no están contempladas en la ley de gas de 1992, lo que derivó en las recientes marchas y contramarchas por la multimillonaria compensación por la devaluación.
La semana pasada, el degradado a secretario de Energía, Javier Iguacel, ratificó su resolución de imponer un tarifazo en 24 cuotas a los usuarios, pero poco después debió deshacerla por orden del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destinatario de las críticas de los gobernadores e intendentes. No obstante, el ex empleado de petroleras insistió en que las empresas reciban la transferencia, aunque sea de parte del Estado Nacional.
El Destape pudo saber que se trata de $ 20.000 millones, que Iguacel pretende agregar al ajustado Presupuesto 2019 que armó el FMI junto al equipo del Ministerio de Hacienda. Prevé un año de gracia, por lo que las 30 cuotas comenzarán a abonarse en octubre del año próximo, con lo que se hará cargo el siguiente presidente de casi la totalidad de la “deuda”.
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El origen de esta novela se remonta al 29 de noviembre de 2017 cuando, con el argumento del inminente fin de la emergencia energética, Aranguren coordinó con ENARSA la firma entre las distribuidoras y las productoras las “bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural por redes”. Allí el Gobierno dijo tener un mero rol de contralor, siendo las privadas las que pautaron con libertad los precios.
En el archivo al que accedió este medio, las partes especifican que “las facturas serán emitidas en dólares y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del cierre del día anterior a la fecha de pago”. La aclaración resulta necesaria, ya que el abono ocurre meses después del despacho del gas. Esas son las 14 páginas que Iguacel intenta cumplir a rajatabla.
Las mega devaluaciones que generaron las varias autoridades del Banco Central (por voluntad o inoperancia) aumentaron esos precios un 100% en pesos, lo que acumula $ 20.000 millones entre abril y octubre. La legislación vigente estipula que cuando la variación supera el 20%, las distribuidoras deberán presentar nuevos cuadros tarifarios, lo que ocurrió en la audiencia pública del 4 de septiembre, donde pidieron las propias compañías cobrar por los meses pasados en 24 cuotas dentro de las boletas subsiguientes.
Al consultar por ésto el secretario de Energía con el ENARGAS, los técnicos negaron las razones para el retroactivo. En nota 2018-49343458, a la que El Destape tuvo acceso, rechazaron lo planteado, “en tanto toda la argumentación de las licenciatarias (distribuidoras) resulta hipotética y meramente conjetural, dado que no acreditaron materialmente el efectivo pago del gas al tipo de cambio actualizado y utilizado como referencia para la determinación de las diferencias entre el precio incluido en tarifa y el precio al tipo de cambio de fecha de pago”.
La ley de gas fue armada 26 años atrás, en plena convertibilidad, por lo que no abarcaba la hipótesis de una mega devaluación. Esto fue apuntado por el directorio de ENARGAS en la carta del 3 de noviembre, que señala que “las mismas prestadoras han solicitado un tratamiento diferente al contemplado en la normativa vigente”.
Ante esto, el ente regulador del gas “solicita a la Secretaría de Energía su competente intervención en esta materia”. Dos días después, Iguacel resolvió cargar en los usuarios esta supuesta deuda de $ 20.000 millones, tal como fue publicado en el Boletín Oficial. No obstante, al funcionario no le interesó certificar que las distribuidoras de gas pagaran el doble del precio facturado a los hogares, como argumentaron. Tampoco que demostraran su incompetencia para cubrirse de la suba del tipo de cambio, ya que son habitués del mercado de dólar futuro. Si las empresas, en cambio, operaron en el Rofex o el MAE, serían partícipes de un delito junto al miembro del Ejecutivo que les habilitó la compensación. Desde la oficina de Iguacel no respondieron ante las consultas de este medio sobre el tema.
Iguacel ya fue denunciado por la primera resolución por el fiscal Guillermo Marijuan. La causa quedó sorteada en el juzgado de María Servini y la funcionaria del Ministerio Público Paloma Ochoa ya pidió iniciar la investigación por abuso de autoridad.
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