El domingo pasado, desde esta columna anunciamos que iba a comenzar un proceso de entrega al mercado financiero de las "letras intransferibles" en poder del BCRA. Durante el proceso de desendeudamiento seguido por la Argentina en el lapso 2003-2015, estos títulos fueron emitidos por el Tesoro Nacional en cada oportunidad en que se aplicaban las reservas internacionales a cancelar pasivos del Estado Nacional. Es claro que una operación intra Estado para reducir la deuda con terceros pierde su sentido cuando los títulos representativos de la misma son privatizados y vueltos al mercado de fondos.
Esta operación, ruinosa para el presupuesto público, comienza a tener parecidos con lo que fue la restructuración de deuda en abril de 2001, conocida como Megacanje. A través de ella, la deuda pública se abultó en u$s 37.000 millones y no ingresó un sólo dólar fresco al Tesoro.
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Algo similar, de menor magnitud, ha comenzado a suceder con la emisión de dos bonos el lunes pasado: uno en pesos y otro con opción de moneda por un total de u$s 4.000 millones, que devengan una renta anual del 8% en dólares asegurada en el mercado de contratos de compraventa de moneda extranjera a futuro. El Estado no recibe un sólo dólar por esta emisión y los suscriptores de los bonos los canjean por Letras del Banco Central (LeBaC). El costo para diferir el vencimiento mensual de LeBaC en dieciocho meses es enorme. Además, del mismo modo en que el Megacanje no evitó la crisis ni el default, en la medida en que se incremente la magnitud de estas emisiones su sustentabilidad dependerá de la renovación de los depósitos bancarios en pesos y en dólares, cuyo plazo promedio es de treinta días.
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En definitiva, las autoridades del Banco Central han comenzado a consolidar una renta financiera muy alta, comprometiendo así la liquidez del sistema bancario, para ganar un tiempo corto hasta las elecciones.
De proseguir esta operatoria, inserta en el acuerdo de crédito condicionado con el FMI, el volumen potencial de bonos emitidos para cancelar LeBaC puede superar paulatinamente los u$s 25.000 millones sin que el Estado reciba un sólo dólar. En los hechos es revertir el proceso de desendeudamiento pero sin fondos frescos. Daño mayúsculo al Estado.
Luis Caputo ha concluido su ciclo como Ministro de Finanzas, en el que cumplió el rol de financiar la salida de u$s 63.000 millones en el bienio 2016-2017, para ahora, como presidente del Banco Central, administrar la retirada ordenada de los fondos acumulados en las letras del Banco Central y el pago de los servicios de deuda que él mismo colocó, utilizando de contado los recursos provistos por el FMI y, a plazo, las letras que el BCRA había atesorado para desendeudar a la Argentina.
En los primeros cinco meses del año, el gobierno ha aglomerado un déficit de la cuenta corriente del balance de pagos de u$s 8.400 millones, a los que se agrega una salida récord de dólares para atesoramiento de u$s 6.200 millones.
No hay artilugio financiero que soporte semejante desequilibrio en el actual contexto internacional. La ingeniería radica en asegurar que la "fiesta" de los financistas la pague el Pueblo, pero, a la vez, que el derrotero goce de sustentabilidad política: desfiladero angosto si los hay.
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