Gabriel Nardiello, uno de los jueces espiados: “Esto es muy grave, por ahí se trata de recaudar datos para carpetas”

“Institucionalmente, esto es muy grave”, afirma el juez Ángel Gabriel Nardiello, uno de los más de 20 magistrados que se investiga si fueron espiados de manera ilegal desde dependencias estatales como el Ministerio de Seguridad, la UIF, la AFIP, Prefectura y Gendarmería, entre otros. El caso tomó relevancia pública tras la investigación exclusiva de El Destape. 

El caso está radicado en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, que avanzó en la pesquisa a partir de una respuesta de la Dirección Nacional de Migraciones, que expuso una serie de consultas de entradas y salidas del país alarmantes y que alcanzan a jueces de distintas jerarquías, que van desde la Corte Suprema de Justicia a tribunales orales.

Nardiello integra el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de la Capital Federal, con asiento en los tribunales de Comodoro Py. Y tiene un común denominador con otras dos víctimas, los jueces Sergio Paduczak y Sabrina Namer: subrogó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 hasta el 31 de diciembre de 2018, que tuvo entre sus causas más resonantes el de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor). Este caso implicó la devolución al Estado de tierras valuadas en más de 500 millones de dólares. El tribunal condenó a exfuncionarios y privados por la fraudulenta privatización del predio del astillero ubicado en Retiro, que se concretó durante el gobierno de Carlos Menem.

En diálogo con El Destape, Nardiello se muestra preocupado.

-¿Cómo recibió la noticia de que estuvieron revisando sus entradas y salidas del país?

-La noticia la recibí por un colega que me envió el recorte de El Destape. Cuando vi el listado mandé el mismo recorte a otros colegas con los que tengo relación. Ya lo estaban leyendo con la misma incredulidad que yo. Estoy sorprendidísimo. Y preocupado. Si no sabría Derecho estaría preocupado pero siendo juez estoy más preocupado porque estas cosas no se cruzan en la cabeza pero evidentemente pasan.

-¿Recibió el respaldo de colegas?

-Sí, de colegas amigos y conocidos. El fuero penal es un fuero donde te conocés. La Asociación de Magistrados sacó un comunicado. Como todavía no me presenté en la causa tampoco entiendo mucho de qué se trata. Sé más por parte de ustedes que por una notificación judicial.

-¿Se va a presentar como querellante?

-Lo estoy pensando muy seriamente. Me considero víctima, como a la mayoría de los colegas que estamos en la lista. Pero no quiero involucrarme en la causa hasta no saber bien de qué se trata. Evidentemente, la posibilidad de que todos los que somos víctimas nos podamos presentar como querellantes está latente.

-¿Lo llamó el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano?

- No, no recibí ningún llamado. Sé que estuvo llamando. Pero es falsa la información periodística de que llamó a todos. A un colega mio tampoco lo llamó. Yo no recibí el llamado de ningún integrante del Ejecutivo para decir “nos solidarizamos”, “estamos preocupados”, lo que sea. Los llamado que recibí fueron de colegas del Poder Judicial mostrando solidaridad y preocupación. Esto es muy grave que pase y sobre todo a los que tomamos decisiones en el marco de una causa judicial. Los colegas saben que esto tienen trascendencia. Esto muestra algo institucionalmente muy grave.

-¿Recuerda un episodio semejante?

-La causa de Dolores, sobre la que no voy a opinar porque es una causa que está en pleno trámite. Y otro episodio que yo sufrí cuando era fiscal criminal en lo correccional. Se presentó un emisario de una persona que estábamos investigando, a quien se conocía como “El Profesor”, de apellido Martins (NdelR: se trata del proxeneta recientemente detenido, Raúl Martins, exSIDE). Lo estábamos investigando por la Ley de Profilaxis Antivenérea. Le veníamos allanando todos los locales. Se presentó un emisario y me dio datos concretos de cómo era mi grupo familiar, dónde vivía, cuáles eran mis movimientos. Automáticamente se tomaron los recaudos judiciales. Fue en 1997. Fue un apriete en nombre de Raúl Martins. Evidentemente, sabían mis movimientos, mis entradas y salidas del país, dónde estaba el inmueble de mis padres. No sé el alcance de esta causa (que tiene Canicoba Corral) todavía pero si me preguntan entradas y salidas del país yo he de suponer que tienen localizado dónde vivo, cuál es el colegio de mis hijos. En el apriete que sufrí en 1997 tenían datos concretos. Por ahí esto se trata de recaudar datos para carpetas. Por eso mi intención de presentarme como querellante para saber qué está pasando.

-Un investigador nos decía algo elemental: nadie se mete en migraciones a ver las entradas y salidas del país de un juez porque sí. Menos de dos decenas.

-Yo no creo en el chusmeo a esta instancia. El tiempo dirá de qué se trato esto. Con lo alcances que pueda llegar a tener. Que es grave, es grave. Para los que tomamos decisiones es más grave aún. Vemos la punta del iceberg pero tenemos que ver qué hay abajo y qué es lo que lo mueve.