El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el martes el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que prevé bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años con penas de más de 15 años de prisión. Organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, políticas, de derechos humanos y especialistas en niñez se manifiestan en contra bajo el lema #ArgentinaNoBaja.
Garavano sostuvo que la legislación actual "es un decreto de la dictadura de 1980" y que como país "estamos incumpliendo la normativa internacional de la Convención de los Derechos del Niño aprobada en 1990 por las Naciones Unidas". Miembros de la Red Argentina No Baja sostienen lo contrario: "Este proyecto es peor que la ley de la dictadura porque baja la edad de punibilidad, no pone límites a las penas de prisión para adolescentes (se pueden aplicar hasta 50 años) y los culpabiliza de problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal".
Florencia Gentile, socióloga miembro de la Red Argentina No Baja dice que en el debate público "se confunde el concepto punibilidad, que es a partir de qué edad el estado impartirá penas a través del castigo, con el de imputabilidad que refiere a una característica del individuo, no a una definición de política estatal". Y añade: "no se está en contra de reformar el Régimen Penal Juvenil sino en bajar la edad porque empeorará la vulneración de derechos a los menores".
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Desde Unicef también se pronunciaron: "Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder". Mientras que el Comité de los Derechos del Niño pidió a Argentina en 2018 que "no incluya incrementos de la sentencia o reduzcan la edad de responsabilidad penal", tras denuncias de gatillo fácil y desmantelamiento de políticas de protección de derechos de la infancia.
Karina Valobra es abogada especializada en niñez, hace más de veinte años trabaja en la villa 1-11- 14 y presta servicio jurídico comunitario enfocada en Derechos Humanos. Explicó a El Destape que "en todos los gobiernos, desde Menem hasta hoy, se habló de bajar la edad de punibilidad asociado en general a un caso mediático protagonizado por un adolescente en alguna situación de delito". Y que esta vez, el proyecto de reforma se remonta "hacia el 2017 en el que hubo un caso que ni siquiera cometió un joven por debajo de los 16 años, que se impulsó desde el ejecutivo también durante el mes de febrero".
Valobra indica que "no hay datos sistematizados y públicos" de delitos perpetrados por menores para que el oficialismo "adopte una medida semejante envergadura". Y añade: "Los datos de la provincia de Buenos Aires hablan de un tres por ciento y por debajo de los 16 años todavía se reduce a un porcentaje menor". Valobra señala que una medida de política criminal que responde a "un índice de delito tan bajo no da respuesta a ningún problema, sino que obedece a una consigna mediática, demagógica y una respuesta fallida a un problema creciente".
La abogada puntualiza en que la idea de bajar la edad de punibilidad no es más que "una avanzada represiva contra los adolescentes que hoy no tienen las garantías mínimas de derecho". Así, advierte que "por delitos por los que un adulto podría salir excarcelado a los pocos días, la ley penal de menores vigente (Ley 22278 del Régimen penal de la Minoridad que está en el Código Penal de la Nación) admite que si el juez considera mejor que quede privado de su libertad esto sea viable".
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