Más de la mitad de las personas que oficiaron de fiscales por Juntos por el Cambio en Formosa cobraron un bono por desocupación de cinco mil pesos, según denunció el abogado Dardo Carballo ante la Justicia Federal. Se trata de una compensación que lanzó el gobierno nacional en plena campaña electoral y que fue detenida por la jueza electoral María Servini para evitar maniobras de clientelismo político a días de que se desarrolle la elección presidencial definitiva del 27 de octubre. Hay 10 testigos que están dispuestos a declarar cómo consiguieron el cobro del dinero y quién se los propuso.
La acusación es que 756 personas que se desempeñaron como fiscales de mesa de Juntos por el Cambio y en algunos casos como autoridades de mesa cobraron el bono por desocupación. El abogado Carballo logró conseguir el dato luego de que en la Secretaria de Trabajo en la ciudad de Formosa publicara las imágenes de las listas de las personas que recibieron el dinero. Con esas identidades, el abogado ingresó a la página de Resultados Electorales y encontró que en las 1404 mesas había 756 fiscales de JxC que cobraron el bono, es decir en el 54 por ciento de las mesas.
"Tardamos más de una semana en cotejar todos los datos y hay una salvedad importante que aclarar: por la Cámara Electoral sólo pudimos acceder al nombre de los fiscales que estaban en la finalización de la votación, pero no en el inicio. Esto quiere decir que los involucrados pueden ser muchos más", afirmó a El Destape el abogado Carballo.
La denuncia fue presentada contra el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el Secretario de Empleo, Fernando Premoli, el delegado de la Agencia Territorial de Formosa de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, el concejal de la ciudad de Formosa, Miguel Montoya y contra el diputado nacional electo de Cambiemos, Ricardo Buryaile.
Los delitos que imputan son de competencia electoral y también penales como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
"El electo diputado Buryaile es el principal implicado debido a que era el candidato para quién se montó toda la campaña. A su vez hay audios de personas que cobraron el bono que aseguran haber hablado con el ex ministro de Agroindustria. Otros mencionan al concejal Montoya y algunos a la Fundación Pensar", explicó Carballo.
La denuncia fue presentada ante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello y fue integrada al expediente que tramita la jueza María Servini. Ahora resta conocer cuáles son las medidas de prueba que requerirá el fiscal. Se estima que pedirá a la Cámara Electoral el listado de los fiscales, solicitará a la Secretaría de Trabajo el nombre de las personas que recibieron el bono y por último exigirá a la Anses que verifique si esas personas eran aptas para cobrar el beneficio, es decir si estaban desocupadas y no cobraban otro subsidio.
El denunciante asegura que hay al menos diez testigos que cobraron el bono y que están dispuestos a declarar cómo accedieron a recibir el beneficio.
El diputado electo Buryaile negó a El Destape estar involucrado en un delito en caso de que lo hubiese. "Si existiera delito, entonces es responsable quién lo otorgó, pero no los candidatos. Este es un bono entregado por el Estado en todo el país en medio de la declaración de una crisis alimentaria", afirmó el ex ministro. Acerca de los audios que supuestamente lo involucran, el dirigente de Cambiemos respondió: "No entiendo cuál es la configuración del delito en mi caso. Si una persona me llama para preguntarme algo acerca del bono, yo le respondo cómo debe obtenerlo, pero no lo otorgo".
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